La denuncia del fiscal José Domingo Pérez sobre la presunta instrumentalización política de la investigación penal contra él y su colega Rafael Vela Barba, así como contra el periodista Gustavo Gorriti, pone en evidencia una posible manipulación de la justicia con fines políticos. Según Pérez, la acusación en su contra, iniciada por Luis Miguel Caya Salazar y acogida por el fiscal supremo provisional Alcides Chinchay Castillo, busca deslegitimar el juicio contra Keiko Fujimori y otros implicados en el caso Lava Jato. Esta situación refleja una grave amenaza a la independencia judicial y a la lucha contra la corrupción en el país.
El fiscal Pérez ha señalado que esta maniobra tiene el objetivo de socavar su credibilidad y la de quienes están llevando adelante las investigaciones en el caso Lava Jato, particularmente en el caso Cócteles, que involucra a Keiko Fujimori. La acusación de cohecho contra Pérez, Vela y Gorriti parece ser parte de una estrategia para desviar la atención y cuestionar la legitimidad del proceso judicial en curso. Además, la filtración de información al medio de comunicación Willax TV y su difusión a través del programa de Milagros Leiva, es vista por Pérez como un intento de crear una percepción pública de que el caso es una operación política.
Las declaraciones de Keiko Fujimori, en las que acusa a los fiscales de ensañamiento y de participar en una conspiración política, refuerzan esta narrativa. Fujimori afirma que las acciones de los fiscales son ilegales y están dirigidas específicamente a perjudicarla a ella y a su partido, Fuerza Popular. Esta retórica busca desacreditar a los fiscales y a la investigación, sembrando dudas sobre la integridad del proceso judicial y fortaleciendo la idea de una persecución política.
La denuncia de José Domingo Pérez debe ser tomada con seriedad y rigurosidad, ya que sugiere una interferencia en el sistema de justicia que podría tener consecuencias graves para la democracia y el estado de derecho en Perú. Es esencial que las instituciones judiciales mantengan su independencia y que cualquier intento de politización sea investigado y sancionado adecuadamente. La lucha contra la corrupción no puede ser instrumentalizada con fines políticos, y es crucial que los fiscales y periodistas puedan realizar su trabajo sin intimidaciones ni presiones indebidas.
