CON S/. 35 568 SÍ ALCANZA PARA EL POSTRECITO

El anuncio del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, sobre el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte ha generado una fuerte controversia nacional. Pasar de un salario mensual de S/ 15,600 a S/ 35,568 no solo representa un cambio histórico tras casi dos décadas de congelamiento salarial, sino que también pone sobre la mesa un debate profundo sobre la pertinencia, el momento y la legitimidad de esta decisión. ¿Es justo que en medio de una crisis económica y una profunda desconfianza en la clase política se disponga un aumento tan significativo para la jefa de Estado?

Si bien es cierto que desde el 2006 ningún presidente había modificado este monto —que incluso llegó a ser mucho más alto durante el gobierno de Toledo—, las circunstancias actuales son completamente distintas. Perú atraviesa una coyuntura crítica: altos índices de pobreza, desconfianza institucional y demandas urgentes de sectores como salud, educación y seguridad. En este contexto, resulta desconcertante que la prioridad del Ejecutivo sea corregir “el atraso salarial” presidencial, cuando los sueldos del grueso de trabajadores del Estado, especialmente maestros y personal médico, siguen siendo insuficientes.

El argumento de que este aumento busca equiparar el sueldo presidencial con los estándares internacionales carece de sustento si no se atiende primero la situación interna del país. Resulta paradójico que Boluarte pase ahora a formar parte del exclusivo grupo de presidentes mejor remunerados de la región, cuando su legitimidad sigue siendo cuestionada por amplios sectores que la consideran una presidenta no elegida por voto directo, sino por sucesión. Además, el anuncio reaviva el debate sobre la pensión vitalicia: ¿debería Boluarte, que no fue elegida mediante sufragio directo y que podría no concluir el mandato constitucional completo, acceder a este beneficio en el futuro?

Lo que está en juego no es solo un monto económico, sino el símbolo que representa. La presidencia debe ser vista como un cargo de servicio y compromiso, no de privilegio. Este aumento salarial, sin un diálogo amplio ni transparencia en sus criterios técnicos, deteriora aún más la frágil relación entre la ciudadanía y el poder político. Si el Ejecutivo quiere recuperar la confianza ciudadana, debe empezar por mostrar coherencia con la realidad que vive la mayoría de peruanos.