VILLA EL SALVADOR VUELVE A TEÑIRSE DE SANGRE
La inseguridad ciudadana ha dejado de ser una percepción para convertirse en una tragedia cotidiana que golpea con fuerza a distritos como Villa El Salvador y, al mismo tiempo, a todo el país. El reciente asesinato de Oscar Diego Cabrera Quiroz (30) ocurrido en el cruce de Mariano Pastor Sevilla con Juan Velasco Alvarado vuelve a recordarnos que la violencia ya no respeta horarios, espacios ni condiciones sociales. En este contexto, la indignación ciudadana es legítima: la población siente que vive expuesta, desprotegida y cada vez más sola frente al crimen.
Las cifras confirman esa alarma. Solo entre enero y marzo de este año se cometieron 194.747 delitos en el país, de los cuales 118.507 corresponden a hechos delictivos, 52.711 a violencia contra la mujer y 12.150 a delitos por faltas. A ello se suman 13.348 casos de violencia letal y 38.939 robos y hurtos comunes, delitos que alteran de manera directa la vida diaria de millones de peruanos. En Lima Metropolitana se registraron 6.807 casos, una reducción de 15% frente a los 7.997 del primer trimestre de 2025, pero esa baja no debe engañarnos: la magnitud del problema sigue siendo grave.
Más preocupante aún es que la delincuencia se ha vuelto parte del paisaje urbano y comercial. Solo en el primer trimestre del año se reportaron 3.891 extorsiones, aunque el Ministerio Público contabiliza 5.966, lo que revela un desfase de 53%, equivalente a 2.075 hechos que muestran la brecha entre la denuncia, el registro y la respuesta efectiva del Estado. A esto se añaden 8.485 estafas, 287 secuestros, 4.594 casos de violación sexual y 56 casos de corrupción de funcionarios. No se trata únicamente de estadísticas: son señales de una crisis institucional que exige acción inmediata, coordinación real y autoridades capaces de enfrentar el miedo con resultados concretos.
Por eso, el debate presidencial de 2026 no puede quedar atrapado en promesas vacías. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez deben responder con propuestas verificables, sostenibles y de aplicación inmediata frente a la inseguridad ciudadana. La población no necesita discursos adornados ni diagnósticos repetidos: necesita más prevención, inteligencia policial, sanción efectiva, respaldo a los municipios y una estrategia nacional que recupere la calle para la gente honesta. Si el Estado no asume con seriedad esta urgencia, la criminalidad seguirá dictando la vida diaria de los peruanos.