El analista en temas de seguridad y presidente de la Asociación Proseguridad Ciudadana (APROSEC), César Ortiz Anderson, advirtió que las medidas que buscan multar a los motorizados que no utilicen chalecos distintivos en zonas declaradas en estado de emergencia podrían tener efectos limitados si no se acompañan de un trabajo sostenido de inteligencia policial y control efectivo.
El analista en temas de seguridad y presidente de la Asociación Proseguridad Ciudadana (APROSEC), César Ortiz Anderson, advirtió que las medidas que buscan multar a los motorizados que no utilicen chalecos distintivos en zonas declaradas en estado de emergencia podrían tener efectos limitados si no se acompañan de un trabajo sostenido de inteligencia policial y control efectivo. En entrevista con Stereo Villa, Ortiz lamentó que la inseguridad continúe en aumento, con recientes casos de asesinatos y ataques a agentes del orden.
El especialista subrayó que los controles son necesarios, pero que el principal obstáculo es la falta de efectivos policiales para mantener operativos constantes. “Hay que tener en cuenta que no tenemos la cantidad suficiente de policías para ejercer controles permanentes. Además, las normas deben cumplirse con firmeza, porque la seguridad de los ciudadanos está por encima de cualquier rechazo”, sostuvo.
Ortiz Anderson también cuestionó la eficacia del uso obligatorio de chalecos con placas para motociclistas, al considerar que la falsificación en el país “no tiene límites”. “Falsificar un chaleco es muy fácil para los delincuentes. Por eso, estas normas podrían cumplirse solo a medias. Se necesita algo que realmente disuada, porque las motos lineales son las preferidas por sicarios para cometer sus crímenes y escapar rápidamente”, explicó.
El analista insistió en la importancia de reforzar la inteligencia policial y la investigación criminal, especialmente en las zonas más críticas de Lima Sur, donde se han concentrado varios actos delictivos. Además, propuso la instalación de buzones de denuncias anónimas en puntos estratégicos, como medida para fomentar la participación ciudadana sin exponer a los vecinos al peligro de represalias. “La población convive con el delincuente, sabe dónde vive, pero no confía en denunciar por miedo a la corrupción policial”, afirmó.
En otro momento, Ortiz señaló que el problema de la criminalidad no solo recae en la Policía Nacional, sino también en el sistema judicial y el Ministerio Público, donde —aseguró— existen casos de corrupción y temor que facilitan la liberación de delincuentes. “De diez detenidos, nueve salen libres rápidamente. Hay fiscales y jueces que tienen miedo o que son corruptos. En El Salvador cambiaron casi todo su sistema judicial y hoy tienen resultados. Nosotros también podríamos aplicar esas buenas prácticas”, enfatizó.
Finalmente, el experto exhortó a los ciudadanos a asumir una cultura de seguridad preventiva y a colaborar con las autoridades. “No estamos seguros en ningún lugar, por eso hay que ser solidarios. Si la población denuncia de forma anónima y las autoridades actúan con firmeza, podremos dar pasos reales para recuperar la tranquilidad en las calles”, concluyó.