La inauguración de las subcentrales de videovigilancia en Villa El Salvador ha abierto un intenso debate sobre la transparencia y el uso de los recursos públicos.
La inauguración de las subcentrales de videovigilancia en Villa El Salvador ha abierto un intenso debate sobre la transparencia y el uso de los recursos públicos. Según el especialista en gestión pública, Nelson Chévez Solís, el proyecto no costó un millón de soles por minicentral, como aseguró el alcalde Guido Íñigo, sino cerca de 24 millones de soles en total, cifra que incluye la supervisión y diversos componentes del plan.
Chévez precisó que no se trata de 20 minicentrales, como anunció la autoridad edil, sino de 24, al considerar los cuatro puestos de auxilio rápido heredados de una gestión anterior. Además, cuestionó que el municipio no precise el número exacto de cámaras, megáfonos o botones de pánico adquiridos, lo que, según dijo, genera confusión entre los vecinos. El especialista remarcó que “una división simple de 24 millones te sale un millón en promedio cada minicentral que nos han instalado.”
Otro punto de controversia es el diseño y el costo de las infraestructuras. Chévez señaló que se construyeron edificios de dos pisos, cuando pudo optarse por estructuras más simples y económicas, lo que habría permitido instalar más subcentrales en zonas realmente vulnerables. Incluso recordó que una comisaría en Lomo de Corvina, según el propio Íñigo, costaría seis millones de soles, menos de lo que representa en promedio cada minicentral.
Finalmente, Chévez exhortó a los vecinos a ejercer una fiscalización activa y a no dejarse amedrentar por ataques en redes sociales. “El alcalde dijo que vayan a transparencia porque ahí está la información. Pues yo lo reto, que me diga en qué parte del componente tres del proyecto de seguridad ciudadana dice que son las quinientas cámaras.” La inversión iniciada en 2019 y financiada con fondos del Ministerio del Interior y aportes municipales, ha demandado alrededor de 43 millones de soles, lo que, para los críticos, refleja un manejo político e ineficiente de los recursos destinados a la seguridad ciudadana.