Un operativo policial sorprendió este jueves a comerciantes y vecinos del distrito de Villa El Salvador, cuando efectivos de la Policía Nacional ejecutaron una orden judicial de desalojo en el mercado Juan Velasco Alvarado, ubicado en la intersección de las avenidas José Carlos Mariátegui y Mariano Pastor Sevilla.
Un operativo policial sorprendió este jueves a comerciantes y vecinos del distrito de Villa El Salvador, cuando efectivos de la Policía Nacional ejecutaron una orden judicial de desalojo en el mercado Juan Velasco Alvarado, ubicado en la intersección de las avenidas José Carlos Mariátegui y Mariano Pastor Sevilla. La diligencia afectó directamente a la oficina administrativa del centro de abastos, lo que generó preocupación entre los dirigentes y más de dos mil asociados del mercado, quienes aseguran haber sido despojados de su patrimonio de manera irregular.
Daniel Javier, presidente del mercado, denunció ante Radio Stereo Villa que la sentencia que dio origen al desalojo se basa en documentos “fraudulentos” y “enmendaduras” realizadas hace más de tres décadas por un expresidente Nicanor González. Según señaló, la orden judicial ordenaba la entrega del puesto 30, correspondiente a un tópico, pero el afectado terminó tomando posesión del local administrativo, un bien que —según los socios— pertenece a toda la asociación.
El dirigente explicó que, pese a las denuncias realizadas y al reconocimiento del presunto fraude en asamblea general, el proceso judicial avanzó sin oposición durante más de 15 años, hasta que en 2012 la directiva tomó conocimiento. “La jueza ha atropellado nuestros derechos. Lo que ha ocurrido es inconstitucional”, afirmó Javier, quien acusó también el uso de la fuerza policial durante la diligencia, en la que algunos comerciantes resultaron lastimados.
Tras el desalojo, los agentes cerraron el local con candados y cadenas, impidiendo el ingreso de los dirigentes. Los socios del mercado anunciaron que se reunirán con su asesor legal para evaluar las acciones que tomarán frente a lo que consideran un despojo. Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los comerciantes y usuarios de este centro de abastos de Lima Sur, por donde ingresan diariamente entre 10 mil y 15 mil personas.