BOLUARTE DEFIENDE LA “CALIDAD DE SU AUMENTO SUELDO”

La denuncia penal interpuesta contra la presidenta Dina Boluarte y sus 18 ministros ha vuelto a encender las alarmas sobre el uso del poder en el país. El cuestionado incremento del salario presidencial a más de S/35.000 mensuales, autorizado mediante decreto supremo, no solo ha desatado una ola de críticas políticas y sociales, sino que ahora ha ingresado al terreno judicial. El Comité Ejecutivo Nacional del partido Voces del Pueblo acusa a la mandataria de presunta negociación incompatible y aprovechamiento del cargo, en una medida que podría marcar un antes y un después en la fiscalización del Ejecutivo.

Lo que está en juego no es únicamente una cifra económica, sino la validez del marco legal que regula las remuneraciones del más alto cargo de la nación. La denuncia sostiene que el aumento vulnera la Ley N.º 28212, que establece un límite claro: ningún funcionario público puede percibir más de diez Unidades Remunerativas del Sector Público (URSP). Según esta normativa, el sueldo presidencial no debería superar los S/26.000 mensuales. La aprobación del aumento mediante un decreto supremo —instrumento de menor jerarquía legal— parecería desconocer esta restricción, generando un conflicto normativo grave.

Más allá de lo legal, hay una dimensión ética que no puede obviarse. El país atraviesa una profunda crisis de confianza hacia sus instituciones, y decisiones como esta refuerzan la percepción de un Ejecutivo desconectado de las necesidades ciudadanas. Mientras miles de peruanos enfrentan precariedad económica y recortes presupuestales en sectores esenciales, la imagen de un Gobierno que aprueba su propio aumento salarial resulta indignante y moralmente insostenible. La austeridad en el gasto público debería ser un principio rector, no una consigna vacía.

La Fiscalía tendrá ahora la tarea de determinar si este acto constituye efectivamente un delito, pero el debate político y ciudadano ya está abierto. ¿Puede una presidenta firmar un decreto que le otorga un beneficio económico directo, sin que esto implique un conflicto de intereses? ¿Hasta dónde llega el poder normativo del Ejecutivo sin vulnerar el orden legal establecido? Estas preguntas no solo requieren respuestas jurídicas, sino también un compromiso político firme con la legalidad y la ética pública.