Cifra corresponde al presupuesto asignado en 2024 vs 2019, en términos reales. Los recursos representan solo 0,49% del presupuesto total para orden y seguridad a nivel nacional.
El atentado ejecutado la semana pasada contra la minera Poderosa en Pataz evidencia claramente los peligros de la minería ilegal y el fracaso ineludible del programa de formalización minera, que tenía al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) como principal instrumento de acción. En los últimos años, esta actividad no solo ha generado mayor incidencia de casos de violencia, trata de personas, asesinatos, entre otros; sino también daños significativos sobre el medio ambiente.
Un reciente estudio encargado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) estima que la minería ilegal genera pérdidas a la economía peruana por casi S/23 mil millones al año, cerca de 2,5% del PBI. Asimismo, según Macroconsult, el oro exportado ilegalmente en el 2022 asciende a US$1.841 millones, lo que representa el 18% del total de las exportaciones auríferas del país.
La falta de intervenciones efectivas para erradicar la minería ilegal se ha traducido en una mayor incidencia de esta actividad en los últimos años. El informe del MAAP evidencia un incremento en la presencia de infraestructuras mineras ilegales en La Pampa en Madre de Dios entre el 2021 y 2023. Buena parte de este resultado responde a una presencia debilitada o inexistente del Estado en las zonas afectadas por la actividad tras la pandemia, sumado a la persistente permisividad hacia los mineros informales e ilegales.
Fuente: El Comercio
