La reciente noticia sobre la presentación de una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por parte de la bancada de Perú Libre ha generado un nuevo episodio de turbulencia política en el país. La razón detrás de esta iniciativa es el uso de un lujoso reloj Rolex valorizado en 18.000 dólares, del cual Boluarte no ha proporcionado una explicación satisfactoria sobre su origen, según lo indicado por la vocera de la bancada, Margot Palacios. Esta situación ha avivado las críticas sobre la transparencia en la gestión de la presidenta y ha puesto en evidencia posibles irregularidades en la adquisición del mencionado reloj.
La presentación de esta moción de vacancia plantea un escenario político complejo, ya que, de obtener las 26 firmas requeridas, Boluarte podría enfrentar la destitución por parte del mismo partido que la llevó al poder. La base legal de la moción se sustenta en una presunta infracción constitucional y solicita la declaración de «incapacidad moral permanente» de la presidenta. Esto representa un nuevo desafío para Boluarte, quien ya había enfrentado un pedido de vacancia anteriormente por motivos diferentes.
El proceso de vacancia presidencial es riguroso y requiere un respaldo significativo en el Congreso. Una vez presentada la moción y admitida a debate, se necesita el voto del 40 % del Congreso para su aprobación inicial, y posteriormente se requiere una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso (87 votos a favor) para la destitución. Este proceso implica un escrutinio minucioso y una defensa exhaustiva por parte de la presidenta y su equipo legal.
Hasta el momento, Dina Boluarte no ha ofrecido una explicación clara sobre el origen de su colección de relojes, incluido el Rolex en cuestión. Aunque ha afirmado que todo lo que posee es fruto de su esfuerzo y trabajo, las dudas persisten, y la falta de transparencia en este asunto ha alimentado la controversia. Es crucial que se esclarezcan estos hechos y que se respete el debido proceso para garantizar la estabilidad institucional y el Estado de derecho en el país.
