El anuncio de Keiko Fujimori sobre la candidatura presidencial de su padre, Alberto Fujimori, ha generado una ola de controversia y críticas. A pesar de la normatividad vigente que prohíbe a personas condenadas y con reparaciones civiles pendientes postular a cargos de elección popular, la hija del exdictador ha decidido desafiar abiertamente esta legislación. Este hecho resalta una vez más la tendencia del fujimorismo a intentar burlar las leyes y las instituciones democráticas del país, poniendo en tela de juicio su respeto por el Estado de derecho.
El anuncio ha sido recibido con fuertes críticas por parte de diversos actores políticos y legales. Mirtha Vásquez, expremier y expresidenta del Congreso, destacó la gravedad de la situación al subrayar que el fujimorismo, conocido por su historial de evasión de la justicia, ahora busca legitimar la candidatura de un condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Esta postura refleja una preocupante indiferencia hacia las normas que regulan la participación política y socava la confianza en el sistema electoral.
Expertos en derecho constitucional, como Julio Arbizu y Andy Carrión, han señalado claramente que la Constitución y otras normas jurídicas impiden la postulación de Alberto Fujimori. La Carta Magna del 1993 y el artículo 34-A establecen prohibiciones explícitas que no pueden ser ignoradas. Carrión enfatizó que, a pesar del indulto concedido, la condena y la responsabilidad penal de Fujimori permanecen vigentes, lo que refuerza su inhabilitación para participar en las elecciones.
En resumen, la intención de Keiko Fujimori de postular a su padre a la presidencia representa un desafío directo a la legalidad y a los principios democráticos. Esta acción no solo desprecia la normativa vigente, sino que también revive heridas del pasado reciente, poniendo en riesgo la estabilidad política y social del país. Es fundamental que las instituciones electorales y la sociedad en general se mantengan vigilantes y actúen para asegurar que la ley se respete, garantizando así un proceso electoral justo y transparente.
