El inicio de las diligencias preliminares por parte del Ministerio Público sobre las presuntas irregularidades en el otorgamiento de la pensión vitalicia al exdictador Alberto Fujimori representa un paso necesario hacia la revisión de un proceso que ha generado indignación en amplios sectores de la sociedad. Fujimori, condenado por graves violaciones a los derechos humanos, no debería ser beneficiario de este tipo de gollerías estatales. La decisión de otorgarle una pensión vitalicia, a pesar de su condena judicial, plantea serias dudas sobre la interpretación de la ley y la equidad en su aplicación.
El caso de Fujimori es un ejemplo alarmante de cómo el poder político puede intentar distorsionar los principios fundamentales de justicia. La Ley 26519 es clara al estipular que exmandatarios cuyo antejuicio ha sido levantado por el Parlamento y que han sido condenados, como en el caso de Fujimori, no tienen derecho a una pensión vitalicia. A pesar de esta claridad legislativa, se ha hecho una interpretación laxa para favorecer al exdictador, argumentando que la exigencia de una sentencia absolutoria podría vulnerar su presunción de inocencia, lo cual resulta inaceptable, considerando que Fujimori fue condenado en un proceso judicial que respetó todas las garantías del debido proceso.
El informe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, que respalda esta pensión, no solo es un agravio a la memoria de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, sino también un ejemplo de cómo los vínculos políticos pueden influir en decisiones de gran trascendencia. La estrecha relación de los responsables de este informe con el partido Alianza para el Progreso pone en duda la imparcialidad de su análisis y refuerza la percepción de que ciertos sectores políticos están dispuestos a acomodar la ley a favor de quienes, como Fujimori, ya han sido favorecidos con un indulto injustificado.
Finalmente, este escándalo vuelve a poner en evidencia la existencia de privilegios para quienes han ocupado cargos de poder en el país. Fujimori, además de la pensión vitalicia, disfruta de un asistente financiado por el Congreso, lo que se suma a una serie de beneficios que deberían ser cuestionados en un país donde la justicia y la equidad aún están lejos de ser una realidad. El caso de Fujimori no solo debe investigarse a fondo, sino que también debe ser un punto de partida para replantear el sistema de privilegios que favorece a exmandatarios, incluso a aquellos que han sido condenados por crímenes de lesa humanidad.
