El
sismo de 6.1 grados que sacudió Lima ha vuelto a encender las alarmas sobre la
fragilidad de nuestra infraestructura urbana, particularmente en zonas como
Villa El Salvador. El sector de Lomo de Corvina, asentado sobre una duna de
arena, ha sido identificado como el punto de mayor riesgo en toda la capital
ante un terremoto de gran magnitud. Esta vulnerabilidad no es nueva ni
desconocida: el terreno amplifica las ondas sísmicas y más del 70% de las
viviendas carecen de asesoría técnica. Sin embargo, pese a los reiterados
estudios y advertencias de expertos, la respuesta institucional sigue siendo
tan débil como las bases sobre las que se construyen estas viviendas.
La Municipalidad de Villa El Salvador, según denuncias del especialista Nelson Chévez, ha destinado menos del 1% de su presupuesto a la gestión de riesgos. La mayor parte del dinero asignado se utiliza en planillas, sin personal capacitado ni campañas de sensibilización. Esto representa una grave omisión de responsabilidades en un distrito donde el 88% de las viviendas podrían colapsar en un terremoto. La prevención no puede ser vista como un gasto innecesario, sino como una inversión indispensable para proteger vidas humanas. Lo contrario es negligencia, y esa negligencia, en un contexto como el nuestro, es criminal.
El problema va más allá de la falta de recursos. Se trata de un desinterés político profundo. La gestión municipal parece más preocupada por la burocracia y las sanciones económicas que por educar a la población sobre cómo actuar en caso de emergencia. La inacción se disfraza de gestión mientras se ignoran las advertencias técnicas y se posterga la implementación de medidas urgentes. La realidad es clara: no hay un plan serio, no hay personal calificado, y lo más preocupante, no hay voluntad.
No podemos seguir esperando a que ocurra una tragedia para recién actuar. La historia de los desastres en nuestro país nos ha enseñado que los muertos por sismos no los produce solo la tierra que tiembla, sino también la indiferencia de las autoridades. Villa El Salvador es solo el caso más extremo de una Lima entera que no está preparada. Las autoridades deben asumir su responsabilidad con urgencia y determinación. La prevención salva vidas. Y hoy, no hacerlo, es dejar morir.