TOS FERINA PONE EN JAQUE LA SALUD
El alarmante resurgimiento de la tos ferina en Perú
pone en evidencia las vulnerabilidades del sistema de salud pública frente a
enfermedades prevenibles por vacunación. Con más de 900 casos registrados en lo
que va del año y un saldo trágico de 13 muertes reportadas hasta el 11 de
junio, en su mayoría en niños no vacunados, el brote actual debe leerse como un
llamado de atención urgente. Asimismo, en el distrito de Villa El Salvador se
han dado a conocer 9 casos. La enfermedad, causada por la bacteria Bordetella
pertussis, afecta sobre todo a los más pequeños, y su alta transmisibilidad
exige respuestas inmediatas y sostenidas.
La disminución de la cobertura vacunal y la pérdida progresiva de inmunidad colectiva explican en gran parte el repunte de esta infección. Las autoridades sanitarias han intensificado los esfuerzos, especialmente en zonas rurales e indígenas, pero la dispersión geográfica del brote —que abarca desde Loreto hasta Lima Metropolitana— demuestra que estos esfuerzos deben ser más integrales y permanentes. La capital, por ejemplo, ya ha reportado casi medio centenar de casos en distintos distritos, lo que revela una preocupante tendencia al alza en áreas urbanas.
Más allá de la respuesta institucional, se requiere un compromiso ciudadano. Padres y cuidadores deben asegurarse de que los esquemas de vacunación de sus hijos estén completos, especialmente en las primeras etapas de vida. Además, la identificación temprana de los síntomas —como la tos persistente, fiebre leve y dificultad respiratoria— y la búsqueda oportuna de atención médica son vitales para contener el avance de la enfermedad. El papel de los profesionales de salud, incluidos los químicos farmacéuticos, también es fundamental en la prevención, detección y tratamiento adecuados.
La tos ferina es prevenible y, por tanto, ninguna muerte por esta causa debería ser aceptable. El acceso a la vacuna existe y el conocimiento sobre la enfermedad también. El reto está en transformar la información en acción colectiva, con políticas públicas sostenidas, vigilancia epidemiológica efectiva y una ciudadanía que reconozca la vacunación no solo como un derecho, sino como una responsabilidad compartida.