DEFENDER LOS CEM ES PROTEGER VIDAS

En un país donde una mujer es asesinada cada 48 horas por razones de género, debilitar las políticas públicas de protección no solo es un error: es una negligencia imperdonable. La propuesta del Congreso de la República de desmantelar los Centros de Emergencia Mujer (CEM), reemplazándolos por una entidad que brindaría únicamente asesoría legal, representa un preocupante retroceso en la lucha contra la violencia de género. Esta iniciativa no solo desconoce la complejidad del fenómeno, sino que amenaza con desmontar décadas de avances en derechos humanos y atención integral a las víctimas.

Los CEM, con más de 20 años de funcionamiento y cobertura nacional, ofrecen servicios esenciales de atención legal, psicológica y social. Son, hoy en día, un pilar del Estado en la protección frente a la violencia machista. Pretender absorberlos en una superintendencia bajo el Ministerio de Justicia, sin una evaluación técnica ni consulta al Ministerio de la Mujer, revela una alarmante improvisación legislativa. El dictamen aprobado carece de sustento técnico y omite el análisis de impacto sobre las personas más vulnerables: las mujeres y niñas víctimas de violencia.

Más allá del contenido, preocupa el procedimiento. Según la propia normativa del Estado, la creación o modificación de entidades públicas es una facultad del Poder Ejecutivo, no del Parlamento. Incluir la eliminación de los CEM como una disposición complementaria, sin debate de fondo, evidencia una maniobra opaca, desinformada y peligrosa. En lo que va del año, ya se han registrado 58 feminicidios en el país. En este contexto, desarticular uno de los mecanismos más efectivos de atención no es solo una decisión desacertada: es una amenaza directa a la vida de las mujeres.

Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo. La Comisión de la Mujer del Congreso ha solicitado reevaluar la medida, advirtiendo el riesgo de desnaturalizar un modelo de atención reconocido por su enfoque integral. El Congreso debe asumir su responsabilidad histórica y ética, y escuchar a las voces técnicas, a las víctimas, a los colectivos que han construido esta política pública. Defender los CEM no es una posición ideológica ni partidaria: es una exigencia moral en un país que no puede seguir tolerando la violencia de género como una tragedia cotidiana.