CRISIS Y DESIGUALDAD SACUDEN AL PAÍS
Mitad de semana y la información no se detiene. La inseguridad
continúa siendo uno de los problemas más recurrentes, y en esta ocasión el
distrito de San Juan de Miraflores se encuentra en el centro de la atención.
Hasta el mes de abril se han registrado 900 delitos, entre ellos: 31
homicidios, 163 robos, 119 robos de celulares, 1 secuestro, 42 casos de
extorsión, 560 de violencia familiar y 41 delitos informáticos. Se trata de
cifras alarmantes para un distrito de Lima Sur, que cada vez más se asemeja a
las zonas más peligrosas del norte de la capital.
Por otro lado, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán emitió un pronunciamiento en redes sociales rechazando los discursos de odio y el acoso contra defensoras de derechos humanos por parte de grupos fundamentalistas. Asimismo, denunciaron las agresiones contra Diana Miloslavich, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, reconocida feminista y defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, quien promovió políticas de igualdad durante su gestión pública. Los ataques provendrían del ciudadano Anthony Lastra.
En otro ámbito, el Consejo de Ministros aprobó y envió al Congreso un proyecto de ley que propone la creación de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (Apemed), en reemplazo de la actual Digemid. Esta nueva entidad surge como respuesta a la trágica muerte de siete pacientes que recibieron suero fisiológico defectuoso de la empresa Medifarma, caso que actualmente está bajo investigación del Ministerio Público. Apemed busca ser una institución más sólida, autónoma y con mayores capacidades para garantizar la seguridad sanitaria en el país.
En conjunto, estos hechos configuran un escenario preocupante: el
aumento de la criminalidad, la violencia hacia defensoras de derechos humanos y
las fallas en el sistema de control sanitario reflejan una sociedad marcada por
la inseguridad, la intolerancia y la fragilidad institucional. Esta realidad
demanda respuestas urgentes, firmes y con un enfoque centrado en los derechos
humanos por parte del Estado.