ME QUEDO HASTA EL 2026
La
presidenta Dina Boluarte enfrenta actualmente una situación política y judicial
sin precedentes en su mandato, con cinco denuncias constitucionales presentadas
en su contra por la Fiscalía de la Nación. Estas acusaciones abarcan desde
presuntos delitos de colusión y enriquecimiento ilícito hasta omisión de
funciones y encubrimiento. La gravedad de los cargos y la rapidez con la que
han sido acumulados en tan corto tiempo reflejan no solo una crisis, sino
también un creciente cuestionamiento a la transparencia del poder Ejecutivo en
el Perú.
Frente a estas acusaciones, la presidenta ha optado por una postura de firmeza. Desde Palacio de Gobierno, Boluarte ha declarado que continuará en el cargo hasta 2026, asegurando que las denuncias no la distraen de sus funciones. Recalcó su compromiso con la lucha contra la criminalidad y la minería ilegal, elevando una imagen de autoridad firme y decidida. Sin embargo, esta defensa pública, aunque política y estratégicamente necesaria, no puede sustituir la necesidad de un proceso claro y transparente que permita aclarar las responsabilidades del caso.
La
continuidad de un gobierno democrático no solo se mide por la permanencia en el
poder, sino por su capacidad de responder ante la justicia con la misma
convicción con la que exige legalidad a sus ciudadanos. Las denuncias que pesan
sobre la presidenta no pueden ser despachadas únicamente por su abogado o
tratadas como meras distracciones; deben investigarse con el rigor y la
independencia que exige un Estado de derecho. La confianza pública en las
instituciones depende de que estas actúen con integridad, sin privilegios ni
impunidad.
En este contexto, corresponde al Congreso actuar con responsabilidad y sin cálculo político. La fiscalización de las más altas autoridades debe estar guiada por el interés nacional y no por intereses partidarios. El Perú atraviesa momentos críticos y necesita un liderazgo que no solo proclame limpieza de manos, sino que también las muestre dispuestas a someterse a las investigaciones. Solo así podrá consolidarse la democracia y garantizarse la gobernabilidad.