UN GABINETE BAJO SOSPECHA

El reciente nombramiento de Eduardo Arana como presidente del Consejo de Ministros por parte de la presidenta Dina Boluarte ha encendido una nueva controversia en el ya convulsionado escenario político peruano. Aunque se le reconoce experiencia técnica en el ámbito jurídico, su historial en el sector público y sus vínculos con personajes cuestionados proyectan sombras sobre su capacidad para liderar un gabinete que necesita urgentemente credibilidad y eficiencia.

Durante su paso por el Ministerio de Justicia, Arana no solo enfrentó una crisis penitenciaria sin precedentes, sino que también mostró una gestión deficiente para enfrentarla. Las fugas en penales emblemáticos y la falta de resultados palpables en el descongestionamiento carcelario fueron razones suficientes para que el Congreso considerara su censura. Este antecedente levanta serias dudas sobre su habilidad para encarar los desafíos del Ejecutivo desde una posición aún más demandante.

Más preocupantes aún son las revelaciones que lo vinculan con personajes implicados en redes de corrupción, como César Hinostroza y Walter Ríos. Aunque Arana niegue irregularidades, la existencia de múltiples comunicaciones con estos actores mina la confianza pública en su independencia y transparencia. No basta con rechazar vínculos: se requiere un deslinde claro y acciones contundentes para disipar las sospechas.

La designación de Arana parece ser más el resultado de acuerdos políticos entre Fuerza Popular y Alianza para el Progreso que de una evaluación meritocrática. Esta lógica de cuotas y repartos debilita aún más la legitimidad del gabinete y ahonda la desafección ciudadana. En un momento donde el país clama por reformas, estabilidad y liderazgo ético, la apuesta por figuras cuestionadas es un mensaje peligroso y, sobre todo, decepcionante.