PARO DE TRANSPORTISTAS CONTRA LA EXTORSIÓN
El anuncio del nuevo paro de transportistas para este jueves 10 de abril evidencia la creciente desesperación del sector ante una crisis de inseguridad que no encuentra respuesta efectiva por parte del Estado. La movilización, que se prevé más masiva que la anterior del 7 de abril, involucra a más de 20 mil unidades pertenecientes a 460 empresas de Lima y Callao, según lo informado por Martín Valeriano, presidente de Anitra. El motivo es claro: la urgente necesidad de frenar las extorsiones, amenazas y asesinatos que sufren a diario los trabajadores del transporte.
La participación de nuevas rutas, como el Anconero, Sesosa, Translima o la Línea 39, demuestra que el problema de la violencia no es puntual ni localizado, sino estructural y extendido por toda la capital. La muerte reciente de un conductor ha intensificado el malestar en el gremio, generando un sentimiento de solidaridad y de exigencia colectiva por justicia. La medida de fuerza no es solo una protesta; es un acto de autodefensa frente a un Estado que ha demostrado una alarmante lentitud para proteger a quienes garantizan la movilidad urbana.
El impacto del paro ya se dejó sentir el último lunes 7 de abril,
cuando se generaron grandes aglomeraciones en estaciones del Metropolitano como
Los Incas y Naranjal. Aunque la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) implementó
un plan de emergencia para atender la alta demanda, la situación dejó en
evidencia la fragilidad del sistema ante una interrupción masiva del transporte
tradicional. A esto se suma el dato alarmante brindado por la misma ATU: 64
empresas de transporte también están siendo extorsionadas.
Es urgente que el Gobierno, el Congreso y todas las entidades competentes respondan con hechos concretos. El rol de la ATU es clave, pero insuficiente si no cuenta con el respaldo de políticas integrales de seguridad y justicia. Las medidas tardías no sirven, ya no bastan. La ciudadanía, los transportistas y sus familias no pueden seguir viviendo bajo el temor diario de ser víctimas de la delincuencia. El paro es un llamado de atención que el Estado no puede seguir ignorando.