¿CONFÍA O DESCONFÍA DE LAS INSTITUCIONES DE JUSTICIA?
Según la Encuesta Perú 21 - Ipsos - Febrero 2025 sobre la Inseguridad
ciudadana en Perú, el país vive una de sus peores crisis de seguridad en la
historia reciente. La criminalidad ha tomado el control de las calles, mientras
el Gobierno parece incapaz de reaccionar con firmeza. Las estadísticas reflejan
un país sometido por la violencia, con una ciudadanía que ha normalizado el
sicariato y la extorsión como parte de la cotidianidad. Las promesas de
seguridad han quedado en el olvido, y el miedo se ha instalado en la sociedad,
que ya no confía en sus instituciones.
Los peruanos han identificado claramente a los responsables de esta crisis. Según las encuestas, la presidenta Dina Boluarte y el Congreso son señalados como los principales culpables, seguidos por la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el sistema de justicia. La percepción ciudadana no es un simple sentimiento de frustración, sino una evaluación basada en hechos concretos: leyes ineficaces, corrupción sistémica y una absoluta falta de liderazgo en la lucha contra la delincuencia. La impunidad es el común denominador de un Estado que parece haber renunciado a su deber de proteger.
La corrupción dentro de las instituciones de seguridad y justicia es un factor determinante en el crecimiento del crimen organizado. Cuando los encargados de perseguir a los delincuentes se convierten en sus cómplices, la sociedad queda a merced de la ley del más fuerte. El Congreso, en lugar de fortalecer el marco legal contra la criminalidad, ha aprobado normas que, lejos de combatir el problema, han servido para blindar a políticos y funcionarios involucrados en actos de corrupción. La falta de liderazgo y estrategias eficaces solo profundiza el sentimiento de desamparo de la población.
La desesperación ha llevado a los ciudadanos a respaldar medidas extremas. Un amplio sector de la población prefiere un gobierno que imponga mano dura, incluso si ello implica atropellos contra inocentes. Este escenario refleja la poca esperanza y la falta de alternativas reales para recuperar la seguridad. El país no solo necesita leyes más severas, sino un compromiso genuino de sus autoridades para erradicar la corrupción, fortalecer a la Policía y devolverle a los ciudadanos el derecho a vivir sin miedo.