Las obras de infraestructura son necesarias para mejorar la calidad de vida de la población, pero su ejecución no puede convertirse en un problema mayor que el que buscan resolver. Lo que hoy ocurre en la intersección de las avenidas César Vallejo y Micaela Bastidas (Ruta B), en Villa El Salvador, evidencia las consecuencias de una planificación deficiente. Los pronunciados desniveles generados por los trabajos obligan a mototaxistas y conductores a realizar maniobras riesgosas para continuar su recorrido, mientras los pasajeros soportan trayectos incómodos y potencialmente peligrosos.
Los testimonios recogidos en la zona reflejan una realidad preocupante. Los conductores denuncian daños constantes en sus unidades, como averías en el chasis, el tubo de escape, los amortiguadores, las llantas y los palieres, lo que representa gastos adicionales para quienes dependen de estos vehículos como principal fuente de ingresos. A ello se suma el malestar de los pasajeros, quienes afirman sufrir fuertes sacudidas durante el recorrido, con molestias físicas que afectan especialmente la espalda y la columna.
Las dificultades no terminan en el deterioro de los vehículos. Los vecinos también reportan la interrupción del servicio de agua potable debido a la rotura de tuberías durante la ejecución de las obras, situación que afecta tanto a las familias como a los pequeños negocios de la zona. Asimismo, cuestionan la lentitud de los trabajos y la falta de soluciones temporales que permitan una circulación segura mientras concluyen las intervenciones. La percepción general es que las obras avanzan de manera desordenada y sin considerar el impacto cotidiano sobre la comunidad.
Las autoridades tienen la responsabilidad de ejecutar proyectos que transformen la ciudad, pero también de garantizar que estos se desarrollen con criterios técnicos, señalización adecuada y medidas de mitigación para los ciudadanos. Acelerar los trabajos, habilitar accesos provisionales seguros y atender los servicios básicos afectados no debería ser una opción, sino una obligación. El progreso no puede medirse únicamente por el cemento colocado, sino por la capacidad del Estado de realizar obras sin sacrificar la seguridad, la economía y el bienestar de quienes transitan y viven en la zona.