¿OTRA VEZ LA VIEJA CONFIABLE? DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN LIMA Y CALLAO
La reciente declaratoria de estado de
emergencia en Lima y Callao, tras el asesinato del cantante Paul Flores,
reaviva el debate sobre la efectividad de esta medida en la lucha contra la
delincuencia. Como en ocasiones anteriores, se suspenderán ciertos derechos
constitucionales y se permitirá la participación de las Fuerzas Armadas en el
control del orden interno. Sin embargo, la ciudadanía se pregunta si esta
acción realmente contribuirá a reducir la criminalidad o si, por el contrario,
será solo un alivio temporal sin atacar las causas de fondo del problema.
Es evidente que el aumento de la inseguridad ha generado un clima de zozobra, con mafias dedicadas a la extorsión y el sicariato operando impunemente. El gobierno ha optado por la militarización parcial como respuesta, reforzando la inteligencia policial y endureciendo los controles sobre armas y explosivos. No obstante, la experiencia nos ha demostrado que estas medidas no han logrado cambios estructurales. La falta de inversión en políticas de prevención, la corrupción dentro de las instituciones y la debilidad del sistema judicial siguen permitiendo que el crimen organizado se mantenga vigente.
Un punto que genera incertidumbre es el impacto de esta declaratoria en la vida cotidiana. A diferencia de estados de emergencia previos, esta vez no habrá restricciones sobre eventos sociales o la operación de centros nocturnos, lo que sugiere que el gobierno busca evitar daños económicos a ciertos sectores. Sin embargo, las autoridades podrán intervenir reuniones o establecimientos si consideran que representan un riesgo para el orden público. Esto deja abierta la posibilidad de interpretaciones arbitrarias, lo que podría generar malestar entre la población y afectar el respeto por las libertades individuales.
En lugar de repetir estrategias que han
demostrado ser insuficientes, el gobierno debería enfocarse en fortalecer la
institucionalidad, mejorar la capacitación y equipamiento de la Policía
Nacional y, sobre todo, trabajar en programas de prevención social que aborden
las causas estructurales de la delincuencia. Sin estos cambios profundos, el
estado de emergencia seguirá siendo solo un parche temporal que pospone, pero
no resuelve, la crisis de seguridad que enfrentamos.