¿REALMENTE LA JUSTICIA ES IGUAL PARA TODOS EN EL PERÚ?

Las opiniones recogidas evidencian una sensación de desigualdad arraigada. Diversos ciudadanos sostienen que quienes pertenecen a sectores económicos más altos cuentan con mayores recursos para defenderse y, en muchos casos, evitar sanciones severas. En contraste, las personas de menores recursos sienten que sus casos no reciben la misma atención ni prioridad. Esta percepción alimenta la idea de que el sistema judicial favorece a quienes tienen dinero o contactos, generando una brecha que contradice el principio fundamental de igualdad ante la ley.

Otro aspecto que surge con fuerza es el papel de la presión mediática. Algunos vecinos consideran que los casos que adquieren gran notoriedad pública reciben una respuesta más rápida o severa por parte de las autoridades, mientras que otros, menos visibles, pueden quedar en el olvido. A ello se suma una crítica constante a la corrupción y la falta de confianza en las instituciones del Estado, incluyendo al Congreso de la República del Perú y al Poder Judicial del Perú, señalados por muchos ciudadanos como parte de un sistema que requiere reformas profundas.

Frente a este panorama, el pedido ciudadano apunta a una transformación integral del aparato estatal. Los vecinos no solo exigen cambios en el sistema judicial, sino también en la forma en que las autoridades representan y responden a la población. La justicia tardía o selectiva erosiona la confianza pública y abre la puerta a un escenario peligroso: una sociedad donde las personas pierdan la fe en las instituciones y busquen resolver los conflictos por cuenta propia. Recuperar la credibilidad de la justicia en el Perú no es solo una tarea legal, sino un compromiso urgente con la democracia y la igualdad.