La marcha de transportistas convocada para este 5 de marzo no es solo una paralización más: es el reflejo de una crisis que se ha vuelto insostenible. La movilización, que partirá desde la Plaza Dos de Mayo y la Plaza San Martín hacia el Congreso y Palacio de Gobierno, surge como respuesta al incremento de extorsiones, atentados y asesinatos que golpean a choferes y cobradores en Lima y Callao. Más de ocho mil conductores y un centenar de empresas formales han decidido alzar su voz en una protesta denominada “Hombre-Máquina”, exigiendo lo más básico: poder trabajar sin miedo a morir por no pagar un cupo.
Las cifras confirman lo que los vecinos denuncian en las calles. Entre agosto de 2024 y diciembre de 2025 se registraron 125 atentados contra transportistas en Lima y Callao, con 93 fallecidos y 76 heridos, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Lima Sur concentra casi una cuarta parte de estos ataques, siendo uno de los focos más preocupantes. El 81% de los atentados ocurren bajo la modalidad de sicarios en motocicleta que interceptan y disparan directamente a los conductores, generalmente en horas críticas como las primeras de la mañana o después de las seis de la tarde. La violencia no distingue rutas ni horarios; convierte cada jornada laboral en una regla rusa.
Frente a esta realidad, los ciudadanos cuestionan la respuesta del Estado. Señalan directamente al Ministerio del Interior y al gobierno central por la falta de medidas efectivas y articuladas con la Policía y los municipios. Reclaman leyes más firmes, operativos constantes y resultados concretos, no discursos ni promesas de campaña. Algunos incluso proponen la intervención de las Fuerzas Armadas en zonas de emergencia, reflejo de la desesperación ante una delincuencia que parece haber desbordado toda capacidad de control. La sensación es clara: la autoridad ha perdido presencia y el crimen ha ganado terreno.
En pleno escenario preelectoral rumbo a 2026, la inseguridad se ha convertido en el principal termómetro político. Los vecinos exigen que los candidatos presenten propuestas reales, viables y medibles para proteger al gremio transportista y a la ciudadanía en general. No quieren más de lo mismo, ni reelecciones sin cambios sustanciales. El mensaje recogido en las calles es contundente: el Perú necesita decisiones firmes, liderazgo renovado y acciones inmediatas para recuperar la tranquilidad perdida. La marcha no es solo una protesta del transporte; es el grito de un país que exige seguridad y dignidad.