UNA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER QUE NO TIENE FIN
A pocos días del 8 de marzo, en el sector 3, grupo 13 de Villa El Salvador, las voces de vecinas reflejan una realidad que no puede seguir siendo ignorada. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la ciudadanía exige acciones firmes frente a la violencia que afecta a miles de peruanas. Los testimonios recogidos muestran indignación, preocupación y también una demanda clara: mayor protección, sanciones efectivas y acompañamiento real para las víctimas. No se trata solo de conmemorar una fecha, sino de enfrentar una emergencia social que golpea hogares, calles y comunidades enteras.
Las cifras oficiales respaldan esta alarma. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Defensoría del Pueblo, el 2025 cerró con 147 feminicidios. Además, los Centros de Emergencia Mujer atendieron más de 176 mil casos de violencia en todo el país, mientras que se registraron más de 7 mil alertas por desaparición de mujeres. La violencia psicológica encabeza las denuncias con más del 50% de los casos, seguida por la física y la sexual, esta última con más de 18 mil víctimas menores de edad. Las estadísticas no son números fríos: representan vidas truncadas, familias destruidas y una deuda histórica del Estado.
La problemática tiene también un rostro territorial. Lima Metropolitana concentra el mayor número de casos con 21.6%, pero regiones como Junín, Arequipa, Cusco, Puno y Ayacucho muestran índices alarmantes, evidenciando que la violencia machista no distingue geográficamente. En distritos populares como Villa El Salvador, las mujeres denuncian miedo constante: no pueden caminar tranquilas, trabajar sin acoso ni vivir sin temor. La percepción ciudadana coincide en un punto: las autoridades deben actuar con mayor firmeza, garantizar medidas de protección efectivas y evitar que las denuncias queden en simples trámites sin seguimiento.
En pleno contexto electoral rumbo al 2026, esta realidad interpela directamente a quienes aspiran a gobernar el país. ¿Qué propuestas concretas plantean para reducir la violencia contra la mujer? ¿Cómo fortalecerán la prevención, la educación y el acompañamiento psicológico y legal? No basta con discursos; se requieren políticas públicas sostenidas, presupuesto suficiente y voluntad política real. El 8 de marzo no puede limitarse a homenajes simbólicos. Es momento de asumir compromisos claros para que ninguna mujer más viva con miedo y para que la consigna de “Ni una menos” se traduzca finalmente en resultados tangibles.