¿LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES PRESENTAN BUENAS PROPUESTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA?
Desde el sector dos, grupo veintiuno de Villa El Salvador, la voz ciudadana vuelve a colocar la seguridad en el centro del debate electoral rumbo a los comicios 2026. Los vecinos no piden milagros ni discursos encendidos, sino coordinación efectiva entre Policía, Fiscalía y Gobierno Central. La percepción es clara: sin un trabajo articulado, con recursos suficientes y liderazgo firme, la delincuencia seguirá ganando terreno. La inseguridad no solo arrebata vidas; paraliza negocios, desalienta inversiones y frena el crecimiento de un país que ya enfrenta demasiadas brechas.
Las cifras nacionales muestran un panorama mixto. Si bien los homicidios registrados entre el 1 y el 20 de enero de 2026 (125 casos) fueron menores que los del mismo periodo de 2025, las extorsiones superaron los 2,000 casos en los primeros meses del año. Aunque las denuncias por robo cerraron el 2025 con una reducción significativa respecto a 2024, el 66% de los peruanos sigue considerando al crimen como su mayor temor. La percepción, más allá de las estadísticas, evidencia que la sensación de vulnerabilidad continúa instalada en la vida cotidiana.
La problemática se concentra con mayor fuerza en Lima Metropolitana y en regiones como La Libertad y Callao, donde los homicidios y extorsiones mantienen cifras alarmantes, incluso bajo estados de emergencia. Los distritos de Lima Norte, Lima Este y Lima Moderna registran alta incidencia delictiva, mientras que regiones como Piura y Junín presentan fluctuaciones y tasas históricas preocupantes. Este mapa desigual confirma que no existe una única receta; se requieren estrategias diferenciadas, inteligencia policial, presencia efectiva en las calles y combate frontal a la corrupción que mina la confianza institucional.
El reclamo ciudadano también apunta a la ética política. Se exige revisar hojas de vida, antecedentes y propuestas concretas antes de votar. La seguridad no puede reducirse a promesas genéricas ni a salidas simplistas; demanda planificación, inversión en logística, fortalecimiento del serenazgo con herramientas adecuadas y supervisión estricta del desempeño policial. El Perú enfrenta un reto decisivo: convertir el clamor vecinal en políticas públicas sostenibles. De cara al 2026, el país necesita autoridades capaces de devolver la tranquilidad a las calles y restaurar la confianza en el Estado, porque sin seguridad no hay desarrollo posible.