La política peruana ha dejado de ser una sucesión de gobiernos para convertirse en una cadena de sobresaltos. Desde 2016 hasta octubre de 2025, el país ha tenido siete presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y, brevemente, José Jerí. Nueve años, siete mandatarios: una estadística que por sí sola retrata la fragilidad institucional que atraviesa el Perú. Renuncias, vacancias, censuras y transiciones exprés han erosionado la estabilidad democrática y debilitado la confianza ciudadana en el sistema político.
La reciente censura contra José Jerí —aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones— es el último episodio de esta crisis crónica. Las acusaciones por reuniones clandestinas con empresarios y contrataciones cuestionadas terminaron por sellar su salida. Más allá de los detalles del caso, lo preocupante es la reiteración del patrón: presidentes que asumieron en medio de promesas de gobernabilidad y terminaron envueltos en escándalos o enfrentamientos con el Congreso. El mecanismo constitucional de control político, legítimo en su esencia, se ha convertido en una herramienta de uso frecuente que, lejos de estabilizar, profundiza la percepción de provisionalidad permanente.
El debate parlamentario que precedió a la censura evidenció además el tono crujiente que domina la escena pública. Las intervenciones, cargadas de indignación y descalificaciones, reflejan un Congreso fragmentado y una clase política incapaz de construir consensos mínimos. En paralelo, el país enfrenta graves problemas de seguridad, con cifras de sicariato y homicidios en aumento, así como una economía que requiere señales claras de previsibilidad. En este contexto, la confrontación constante no solo paraliza decisiones estratégicas, sino que desvía la atención de las urgencias nacionales.
El Perú necesita algo más que reemplazos presidenciales: requiere reformas profundas que fortalezcan al país, además que promuevan mayor responsabilidad política tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Sin estabilidad no hay inversión; sin institucionalidad no hay confianza; y sin confianza no hay democracia sólida. La sucesión vertiginosa de mandatarios no puede normalizarse. El desafío es romper el ciclo de crisis antes de que la excepcionalidad termine por convertirse en la regla.
Finalmente, el gran perdedor de esta crisis política es Keiko Fujimori y Fuerza Popular que apoyaron hasta el final a Jeri. Se avecina una crisis interna en el fujimorismo que pone en cuestión pasar la valla electoral.