EXTORSIÓN AL TRANSPORTE PÚBLICO: UN VIAJE HACIA EL TERROR

La vida en nuestro país parece devaluarse mientras estos hechos se van normalizando. El proceso es casi siempre el mismo: asesinan a un trabajador del transporte público, se convoca a un paro, el paro se ejecuta, se realizan reuniones con las autoridades donde se debaten propuestas y, tras algunos acuerdos, se retoman las labores… hasta que ocurre un nuevo atentado. Es un ciclo doloroso y repetitivo que evidencia la falta de soluciones efectivas.

Los transportistas viven una verdadera regla rusa, constantemente acechados por criminales. En este caso, el ataque ocurrió entre las avenidas Universitaria y 12 de Octubre, cuando el conductor cubría su ruta con pasajeros a bordo. La modalidad fue la ya conocida: delincuentes en motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon tres veces contra el chofer. En cuestión de segundos, acabaron con la vida de un peruano más. Mientras tanto, la violencia continúa y la respuesta de las autoridades no muestra el rigor necesario frente a estos crímenes.

Este lamentable suceso provocó que el lunes 16 de febrero la empresa El Rápido paralizara sus actividades, exigiendo medidas inmediatas que garantizan su seguridad y acciones firmes contra el cobro de cupos y la extorsión. Ante la reiteración de estos hechos, los transportistas evalúan acatar un paro de 72 horas para exigir protección y condiciones que les permitan trabajar con tranquilidad.

Como usuario del transporte público, me sumo a ese pedido. Exijo seguridad y calma durante cada viaje, no tener que estar en permanente alerta ni sentir angustia por llegar a salvo a mi destino. Todos merecemos la tranquilidad de regresar a casa y reencontrarnos con nuestras familias. Nadie debería experimentar miedo al momento de movilizarse. El gobierno de transición debe priorizar la seguridad ciudadana por encima de cualquier otro interés, dejando de lado contrataciones innecesarias y enfocándose en proteger la vida de los peruanos.