AL FIN SALIÓ EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
La aprobación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra la Criminalidad 2026–2028 por parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) marca un punto de inflexión en la estrategia del Estado frente a la creciente ola de violencia que golpea al país. Presentado el 12 de febrero de 2026 y liderado políticamente por el gobierno del presidente José Jerí, el documento se proyecta como una verdadera hoja de ruta para recuperar el control del territorio y restituir la confianza ciudadana. No se trata solo de un compendio de buenas intenciones, sino de un instrumento de gestión que, en teoría, articula responsabilidades, metas y plazos concretos ante una problemática que exige respuestas inmediatas y sostenidas.
Uno de los aspectos más relevantes del plan es su enfoque multisectorial. Las 132 intervenciones contempladas —49 de ellas bajo responsabilidad directa de la Policía Nacional del Perú— evidencian que la seguridad ya no puede recaer exclusivamente en la acción policial. La apuesta por modernizar los cuerpos de seguridad, fortalecer la inteligencia táctica operativa y promover la prevención social del delito apunta a un abordaje integral. Sin embargo, la eficacia de estas medidas dependerá de la asignación presupuestal, la capacitación continua y, sobre todo, de la capacidad real de coordinación entre sectores históricamente fragmentados.
El componente penitenciario representa otro eje crucial. El endurecimiento del régimen para internos de alta peligrosidad y la creación de la SUNIR como entidad orientada a combatir la corrupción en las cárceles buscan cerrar uno de los eslabones más débiles del sistema: los penales convertidos en centros de operación del crimen organizado. Asimismo, la anunciada articulación entre la policía y el sistema de justicia pretende evitar que los delincuentes capturados recuperen rápidamente su libertad por vacíos procesales o deficiencias en la investigación. Sin una reforma efectiva en este frente, cualquier esfuerzo en las calles corre el riesgo de diluirse.
Finalmente, el plan no surge en el vacío. Se enmarca en la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 y se ejecutará bajo los lineamientos de la Ley N.° 27933, que regula el SINASEC, comprometiendo a los tres niveles de gobierno. Esta alineación normativa es positiva, pero también impone una gran responsabilidad: convertir la planificación en resultados medibles. La ciudadanía no evaluará el plan por la cantidad de intervenciones aprobadas, sino por la reducción tangible del delito y la recuperación de espacios seguros. El desafío está planteado; ahora corresponde demostrar que esta hoja de ruta no quedará archivada como tantas otras, sino que marcará un verdadero cambio en la historia de la seguridad pública del país.