CADA DÍA PERDEMOS TERRENO CONTRA LA CRIMINALIDAD
La inseguridad en el Perú se ha convertido en un problema alarmante
que afecta la vida cotidiana de los ciudadanos y deteriora la economía del
país. Desde robos comunes hasta el crimen organizado y la extorsión, la
violencia ha generado un clima de miedo que impacta a las empresas y ahuyenta
las inversiones. El sicariato y el uso de armas de fuego han llevado la
delincuencia a niveles sin precedentes, obligando a las autoridades a buscar
soluciones urgentes.
El incremento de las extorsiones es particularmente preocupante, con más de 14,000 denuncias registradas hasta la fecha. Modalidades como el "gota a gota", el cobro de cupos y la extorsión desde las cárceles evidencian la falta de control del Estado sobre estas mafias. Para hacer frente a esta crisis, el pasado febrero se presentó el proyecto de ley 9085, con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar la protección de las micro y pequeñas empresas, sector especialmente afectado por estos delitos.
El impacto de la delincuencia no solo se refleja en el ámbito empresarial, sino también en sectores cruciales como la educación y el transporte. Más de 300 colegios han cerrado debido a amenazas y extorsiones, afectando a miles de niños y jóvenes. Asimismo, la violencia contra los transportistas ha escalado, poniendo en riesgo a los trabajadores del sector y a los pasajeros. Para contrarrestar esta situación, la ATU y el Ministerio del Interior han tomado medidas de apoyo legal y crearon equipos especiales de la Policía para abordar estos casos.
La lucha contra la delincuencia requiere un compromiso firme del Estado, con acciones concretas y efectivas que garanticen la seguridad ciudadana. Es fundamental fortalecer el sistema de justicia, dotar de mayores recursos a la Policía y garantizar la coordinación entre entidades gubernamentales. Sin una respuesta contundente, la violencia seguirá escalando y poniendo en peligro el desarrollo del país. La seguridad es un derecho fundamental, y el Estado debe cumplir con su responsabilidad de proteger a la población.