El incremento de obras públicas en el último año de gestión no es un fenómeno casual ni exclusivamente técnico; responde, sobre todo, a una lógica política profundamente arraigada. Cuando se acerca el fin del mandato, las autoridades priorizan aquello que se ve y se inaugura, pues el cemento, el asfalto y las infraestructuras visibles se convierten en mensajes directos al electorado. En un contexto como el peruano, donde la percepción de eficiencia suele medirse por la cantidad de obras ejecutadas, la inversión pública se transforma en capital político y, en algunos casos, en una herramienta de clientelismo que busca asegurar apoyos o continuidad en el poder.
A esta dinámica se suma el propio funcionamiento del ciclo presupuestal del Estado. La lentitud en la formulación y aprobación de proyectos provoca que muchas inversiones maduren recién hacia el final del período de gobierno. Ante el riesgo de devolver recursos no ejecutados o de recibir evaluaciones negativas por bajo gasto, las autoridades optan por acelerar la ejecución, aun cuando ello implique comprometer la calidad o la coherencia de las obras. Así, el apuro por gastar termina imponiéndose sobre la planificación responsable.
La falta de continuidad entre gestiones agrava el problema. Es habitual que nuevas autoridades abandonen proyectos heredados para iniciar otros que lleven su sello político, generando cuellos de botella y una acumulación de obras iniciadas en el último año. Esta práctica evidencia una desconexión persistente entre la planificación de largo plazo y el presupuesto anual, lo que deriva en decisiones improvisadas y en un uso ineficiente de los recursos públicos, en detrimento de las verdaderas necesidades de la población.
Finalmente, aunque las recientes modificaciones normativas buscan agilizar la ejecución y mejorar la calidad de la inversión pública, la presión política por mostrar resultados inmediatos sigue marcando el ritmo de la gestión. Las consecuencias son conocidas: ciudades con múltiples calles cerradas al mismo tiempo, obras técnicamente deficientes y proyectos que quedan inconclusos al cambiar la autoridad. Más que acelerar obras al final del mandato, el desafío pendiente es construir una cultura de planificación, continuidad y responsabilidad que trascienda los calendarios electorales.