PARAN PARA SOBREVIVIR: TRANSPORTISTAS REALIZAN EL PRIMER PARO POR SU VIDA
El paro de transporte anunciado para este miércoles 14 de enero en Lima y Callao no es un hecho aislado ni un simple reclamo gremial: es la expresión más visible de una crisis de seguridad que el Estado no ha logrado contener. Que más de 22 mil unidades y 320 empresas decidan paralizar actividades revela el nivel de desesperación de un sector golpeado por extorsiones, asesinatos y amenazas constantes, incluso bajo un estado de emergencia que, en la práctica, ha demostrado ser insuficiente. Cuando quienes mueven la ciudad dejan de hacerlo por miedo, el problema deja de ser sectorial y se convierte en nacional.
La inseguridad que empuja este paro se refleja con crudeza en distritos como Villa El Salvador, donde las cifras no dejan espacio para la indiferencia. Más de 5,900 denuncias anuales, casi 300 casos de extorsión en solo siete meses de 2025 y un alarmante déficit policial —apenas 50 agentes por turno para más de medio millón de habitantes— configuran un escenario de abandono. Los robos, el sicariato y las amenazas a transportistas y pequeños emprendedores se han normalizado, especialmente en zonas críticas como el Óvalo de la Mujer, Pachacámac o Arriba Perú, donde el ciudadano vive atrapado entre el miedo y la resignación.
Si bien los esfuerzos municipales por incorporar tecnología, videovigilancia y participación vecinal son valiosos, resultan claramente insuficientes frente a la magnitud del problema. Mil cámaras, botones de pánico y juntas vecinales no pueden reemplazar una política integral de seguridad ni compensar los recortes presupuestales del gobierno central. La seguridad ciudadana no puede depender solo de la buena voluntad local o de soluciones reactivas; requiere presencia policial efectiva, inteligencia contra el crimen organizado y decisiones firmes desde el más alto nivel del Estado.
Este paro debería ser leído como una advertencia final. La ciudadanía y los transportistas no están pidiendo privilegios, sino garantías básicas para vivir y trabajar sin miedo. Ignorar este clamor no solo profundizará la crisis, sino que seguirá paralizando ciudades, economías y vidas. La seguridad no puede seguir siendo una promesa incumplida: es una urgencia que demanda acciones concretas, sostenidas y coordinadas antes de que el miedo termine gobernando las calles.