LA EXTORSIÓN VOLVIÓ A VILLA EL SALVADOR: ¿QUIÉN PROTEGE HOY A LOS VECINOS?
La seguridad ciudadana se ha instalado como la principal preocupación del electorado de cara a las elecciones generales de 2026, desplazando a temas históricamente prioritarios como la educación y el ambiente. Esta realidad no responde a percepciones aisladas, sino a una experiencia cotidiana marcada por la violencia y la impunidad. En este contexto, el anuncio del Plan de Seguridad Nacional por parte del presidente interino José Jerí busca ofrecer una hoja de ruta técnica y multisectorial, pero su verdadero valor dependerá de que el próximo gobierno lo asuma como política de Estado y no como un documento transitorio.
El escenario electoral, con 36 fórmulas presidenciales en competencia, muestra una amplia diversidad de enfoques. Desde propuestas participativas que apuestan por el trabajo con juntas vecinales, hasta planteamientos de reestructuración estatal y fortalecimiento de la inteligencia policial, el debate gira entre prevención y mano dura. Sin embargo, la dispersión de propuestas contrasta con la urgencia del problema: el crimen organizado, la minería ilegal, la extorsión y el sicariato avanzan más rápido que las promesas de campaña, mientras el Estado se ve obligado incluso a brindar resguardo policial a los propios candidatos presidenciales.
Las estadísticas del sector transporte revelan con crudeza la magnitud de la crisis. El año 2025 cerró con al menos 73 choferes asesinados por extorsión, según el Ministerio Público, aunque otras estimaciones elevan la cifra a cerca de 180 transportistas urbanos muertos. A ello se suman más de 121 atentados extorsivos y distritos enteros —como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Los Olivos y el Callao— convertidos en zonas críticas. Septiembre de 2025 fue el mes más letal, con 31 asesinatos en apenas 30 días, un dato que desnuda la incapacidad de las medidas adoptadas hasta ahora.
El inicio de 2026 confirma que la violencia no se ha contenido. Ataques con explosivos, nuevas víctimas mortales y la triplicación de los cupos exigidos por extorsionadores muestran que las bandas criminales continúan operando con impunidad, pese a los estados de emergencia. Frente a estas cifras, el electorado no solo demanda discursos firmes, sino decisiones inmediatas, coherentes y sostenibles. La seguridad ciudadana ya no admite ensayos ni improvisaciones: es la prueba decisiva para quienes aspiran a gobernar el país.