¿QUIÉN PROTEGE A LAS NIÑAS Y NIÑOS?
El inicio del año escolar trae consigo no solo el regreso de miles de estudiantes a las aulas, sino también una creciente preocupación por la inseguridad que impera en las calles. La facilidad con la que los criminales operan, aprovechándose de niños y jóvenes que portan celulares para comunicarse con sus padres o realizar actividades académicas, es un reflejo de la impunidad con la que actúan. En un contexto donde la delincuencia ha tomado el control de espacios que deberían ser seguros, la educación se ve amenazada por el miedo y la violencia.
El problema no es nuevo, pero las cifras de extorsión son cada vez más alarmantes. Solo en enero de 2025, se registraron alrededor de 800 denuncias por este delito, una muestra del incremento descontrolado de la criminalidad. Transportistas, empresarios y, lo más preocupante, las instituciones educativas, se han convertido en blanco de extorsionadores que, con total impunidad, han provocado el cierre de al menos 300 mil escuelas. La exigencia de pagos exorbitantes para garantizar la seguridad de estos espacios atenta directamente contra el derecho fundamental a la educación.
A medida que los colegios cierran y la inseguridad crece, las autoridades parecen incapaces de actuar con firmeza. Mientras el Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, desvía la atención con declaraciones irrelevantes sobre su popularidad, y el Ministro de Educación, Morgan Quero, se enfoca en defender al gobierno en turno, miles de estudiantes quedan atrapados en un sistema educativo debilitado por la delincuencia. La falta de acciones concretas por parte del Estado no solo perpetúa el problema, sino que envía un mensaje de indiferencia ante la desesperación de padres, docentes y alumnos.
En este panorama desolador, son las familias quienes deben asumir la responsabilidad de proteger a sus hijos ante la inoperancia del gobierno. No es justo que la educación y la seguridad de los más jóvenes dependan de estrategias individuales cuando existen instituciones diseñadas para garantizar estos derechos. Es imperativo que las autoridades dejen de lado los discursos vacíos y tomen medidas urgentes para frenar la ola de criminalidad que está amenazando el futuro de toda una generación.