MIENTRAS LAS ELECCIONES ESTÁN A LA VUELTA DE LA ESQUINA, UN LAGARTO ESTÁ TRAS LAS REJAS

La sentencia de 14 años de prisión contra el expresidente Martín Vizcarra marca un punto crítico para la institucionalidad democrática del Perú. El fallo, firmado por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, concluye que el exmandatario recibió sobornos por más de S/ 2.3 millones durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, una confirmación judicial que golpea nuevamente la confianza en la clase política. Más allá de nombres y circunstancias, el mensaje es claro: la corrupción, cuando es probada, debe ser sancionada con firmeza, sin privilegios derivados del poder ni del pasado. El Perú carga décadas de impunidad, y decisiones como esta, discutibles o no desde la perspectiva política, obligan a mirar de frente la urgencia de un sistema transparente.

Pero mientras el país observa una sentencia que divide opiniones, el calendario electoral avanza inexorable hacia las Elecciones Generales 2026. El cierre del proceso de inscripción de precandidatos abre el tablero de la contienda, una carrera en la que partidos y líderes —nuevos y de siempre— buscarán legitimidad en medio del cansancio ciudadano. La ONPE ha marcado hitos que transformarán estas semanas en un filtro de organización y coherencia interna: remisión de nóminas, votaciones internas, elección de delegados y posterior proclamación de candidaturas. Sin reglas claras y sin participación activa, la democracia corre el riesgo de convertirse en un trámite más dentro de estructuras partidarias desgastadas.

La convivencia de estos dos escenarios —un expresidente sentenciado e inhabilitado, y un proceso electoral en marcha— dibuja con crudeza la paradoja política del país: mientras la justicia intenta cerrar capítulos pendientes, la política abre otros sin resolver las causas profundas del desencanto social. Las primarias, lejos de impulsar mayor apertura, confirman la prevalencia de mecanismos internos restrictivos. La decisión de la mayoría de partidos de competir mediante delegados, y no con participación externa, evidencia que la renovación prometida sigue siendo más discurso que voluntad. Sin transparencia ni competencia real, la ciudadanía difícilmente recuperará la confianza perdida.

El reto inmediato es doble y urgente. Por un lado, que la sentencia contra Vizcarra —apelada o ejecutada— sea un precedente que fortalezca la lucha contra la corrupción, no un motivo de polarización. Por otro, que el proceso hacia el 2026 no se reduzca a la repetición de los mismos rostros, las mismas fracturas y los mismos errores que nos han traído hasta aquí. El país necesita partidos capaces de ofrecer ideas, no solo candidaturas; responsabilidad, no solo confrontación. La democracia no se mide por la cantidad de nombres en una papeleta, sino por la calidad de sus propuestas y la integridad de quienes aspiran a gobernar. En ese sentido, la ruta ya está trazada: ahora el Perú deberá decidir si avanza hacia la madurez o se resigna a repetir su historia.