SE AMPLIA EL ESTADO DE EMERGENCIA Y SE AMPLIAN LOS CRÍMENES EN EL PERÚ

Caminando por las calles de mi distrito, he notado una evidente falta de presencia policial y militar, a pesar de que nos encontramos en estado de emergencia desde el pasado 22 de octubre. Esta medida, que debía reforzar la seguridad ciudadana, fue ampliada por 30 días más el último viernes 21 de noviembre en Lima y Callao. El objetivo es claro: enfrentar la criminalidad y otros actos de violencia. Sin embargo, surge una pregunta inevitable: ¿realmente funcionan los estados de emergencia para reducir la inseguridad en la capital o solo se han convertido en la conocida “vieja confiable”?

Para contextualizar, durante el estado de emergencia que inició el 22 de octubre y se extendió hasta el 16 de noviembre, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) registró 50 homicidios, de los cuales 42 fueron por proyectiles de arma de fuego, representando el 84% de los casos. Si comparamos estas cifras con el periodo previo, del 26 de septiembre al 21 de octubre, se documentaron 53 homicidios, con un 79% atribuido a armas de fuego. La diferencia, aunque mínima, evidencia que la declaratoria no ha logrado una reducción significativa.

Aún más alarmante es el panorama general del año. Hasta noviembre, se han contabilizado 1,980 homicidios, lo que equivale a seis asesinatos diarios, marcando el año más violento de la historia peruana. Esta situación también golpea a los distritos de Lima Sur. En Villa María del Triunfo, por ejemplo, el jueves 20 de noviembre fue asesinado Christian Napuri Basurto, de 39 años, en un presunto ajuste de cuentas.

La violencia tampoco se aleja del centro de la ciudad. En la avenida Grau —una zona altamente transitada— ocurrió una verdadera ejecución: Carlos Enrique Valenzuela Díaz, de 39 años, fue acribillado con 18 disparos cuando se encontraba a bordo de su camioneta en la cuadra 2 de dicha avenida, a pocos metros del Palacio de Justicia y del Hotel Sheraton, alrededor de las 3:30 p.m.

Casos como estos continúan acumulándose, al igual que las extensiones del estado de emergencia, dejando abierta la reflexión sobre su verdadera eficacia frente a la creciente ola criminal.