La
violencia contra la mujer sigue siendo una herida abierta que atraviesa al Perú
de manera profunda y persistente. Pese a los avances normativos y al trabajo
articulado de instituciones públicas y organizaciones civiles, las cifras
continúan siendo alarmantes: más de 150 feminicidios al año y miles de casos de
agresión atendidos en los Centros de Emergencia Mujer. No se trata de hechos
aislados ni coyunturales, sino del reflejo de una estructura social que
reproduce desigualdad, machismo e impunidad frente al sufrimiento de las
mujeres.
El Estado peruano ha dado pasos importantes con la promulgación de la Ley N.º 30364 y la implementación del Plan Nacional contra la Violencia de Género. Sin embargo, las normas no bastan cuando el sistema judicial opera con lentitud, cuando las víctimas son revictimizadas y cuando la protección llega tarde o no llega. La falta de recursos, la escasa capacitación del personal y la debilidad institucional siguen siendo frenos graves que impiden respuestas efectivas y oportunas.
Combatir la violencia de género implica ir más allá de la sanción penal. Exige desmontar las raíces culturales del machismo que justifican el control, la humillación o el abuso. Desde la infancia, el país debe promover una educación basada en la igualdad, el respeto y la empatía. Asimismo, garantizar la autonomía económica de las mujeres es indispensable para romper el ciclo de dependencia y violencia que aún atrapa a miles de ellas.
La lucha contra la violencia hacia la mujer no puede limitarse a campañas momentáneas ni a indignaciones pasajeras. Es un compromiso permanente que involucra al Estado, a la sociedad en su conjunto y a cada ciudadano. Mientras una sola mujer sea golpeada, acosada o asesinada por su condición de género, el Perú no podrá hablar de verdadera justicia ni igualdad. Erradicar esta violencia no es solo un objetivo legal: es una deuda moral con la dignidad humana.