PARA MUCHOS, LA EXTORSIÓN ES EL MISMO INFIERNO

La violencia criminal contra los transportistas ha desbordado todos los límites tolerables y expone, con brutal claridad, el colapso de la capacidad del Estado para garantizar seguridad básica. El atentado contra un conductor de la empresa San Germán en San Martín de Porres, condenado por Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, no es un episodio aislado, sino la expresión de un sistema donde la impunidad reina. Ojeda advirtió que, si ocurre un ataque más, los gremios iniciarán un paro de 48 horas, una medida desesperada que refleja la desprotección de quienes diariamente se exponen a rutas convertidas en corredores de muerte.

Las cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público confirman este desastre: 56 choferes asesinados solo en lo que va del 2025, lo que significa que cada ocho horas un conductor pierde la vida a manos de sicarios. El 80% de los crímenes sigue el mismo patrón —moto lineal, arma de fuego y fuga inmediata— una fórmula perfecta para el crimen organizado. Distritos como San Juan de Miraflores, Bellavista, Los Olivos o Villa El Salvador se han convertido en zonas críticas donde el Estado simplemente no está. Frente a este escenario, exigir una reacción contundente deja de ser una demanda sectorial para convertirse en un reclamo de sobrevivencia.

El trasfondo de esta escalada es el auge del cobro de cupos, una industria criminal que asfixia al transporte formal. Más de 400 empresas denuncian pagos que pueden llegar a S/15 mil por unidad, pérdidas mensuales de S/6 millones y asesinatos que sirven como mensajes mafiosos. El pico de violencia registrado en septiembre —31 conductores asesinados en un solo mes— y episodios como el ataque al bus de ETUL4SA con pasajeros a bordo en Chorrillos revelan que los delincuentes operan con absoluta libertad, incluso en zonas transitadas, sin temor a policías ni militares. Y lo peor: muchas víctimas ni siquiera recibieron amenazas previas, lo que demuestra que ya no existen protocolos posibles de autoprotección.

Frente a esta tragedia sostenida, las autoridades no pueden limitarse a declaraciones ni a operativos aislados. La ausencia de fuerzas del orden en puntos críticos, denunciada por el propio Ojeda, es un síntoma de descoordinación y abandono que debe corregirse de inmediato. No se trata de respaldar un paro ni de convertir la violencia en bandera política; se trata de exigir que el Estado asuma su rol elemental: proteger la vida de quienes mueven diariamente la ciudad. Si cada nuevo ataque es recibido con resignación, como advirtió el gremio, entonces la sociedad habrá normalizado su propia descomposición. Recuperar la esperanza —esa que los transportistas dicen haber perdido— solo será posible cuando la seguridad deje de ser un privilegio y vuelva a ser un derecho.