FALLECIDOS EN LAS PROTESTAS NO ENCUENTRAN JUSTICIA

A cinco años de las históricas jornadas del 14 de noviembre de 2020, el país vuelve a enfrentar el peso de una herida que no cicatriza. Las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, jóvenes que se sumaron a las protestas contra el efímero régimen de Manuel Merino, siguen siendo un recordatorio doloroso de la fragilidad democrática y de la incapacidad del Estado peruano para garantizar justicia cuando la violencia proviene de sus propias instituciones. Este 14 de noviembre de 2025, colectivos ciudadanos, organizaciones de derechos humanos y familias volverán a las calles no solo para conmemorar, sino para denunciar una impunidad que se ha vuelto intolerable.

La Semana de Conmemoración del 14N se ha convertido en un espacio de memoria activa y resistencia. Las familias Pintado y Sotelo, junto a cientos de jóvenes y organizaciones sociales, insisten en que recordar no es un acto simbólico, sino una forma de evitar que la violencia estatal se normalice. El llamado de Killa Sotelo, hermana melliza de Inti, expresa esa necesidad urgente de mantener viva la historia frente al silencio institucional: hacer memoria por su hermano, por Bryan y por todos los heridos y asesinados en Lima y regiones. La justicia no puede seguir siendo un horizonte esquivo para quienes perdieron a sus hijos en defensa de la democracia.

Sin embargo, cinco años después, el Estado continúa sin brindar respuestas claras ni un avance significativo en los procesos judiciales. Las familias denuncian obstáculos, demoras injustificadas y una falta de voluntad política para sancionar a los responsables. La represión que terminó con la vida de Inti —al recibir cuatro perdigones, uno directo al corazón— y de Bryan sigue impune, y esa impunidad se convierte en una afrenta abierta contra la ciudadanía. No importan los años transcurridos: las familias han anunciado que llevarán su demanda a instancias internacionales si el Perú insiste en blindar a quienes ejercieron la violencia bajo el amparo del Estado.

El reciente asesinato de Eduardo Mauricio Ruiz, conocido como Trvko, el 15 de octubre, confirma que la violencia policial no es un capítulo cerrado sino un problema persistente. Su muerte, producto del impacto de un perdigón durante las protestas de la Generación Z contra la inseguridad y las extorsiones, demuestra que el Estado no ha aprendido la lección del 2020. Mientras las autoridades minimicen estos hechos y eviten asumir responsabilidades, el país seguirá repitiendo errores que cuestan vidas. En este nuevo 14N, la ciudadanía vuelve a marchar no solo para recordar, sino para exigir que nunca más una protesta termine en tragedia.