SI SALES A MARCHAR EN PERÚ, POSIBLEMENTE NO REGRESES A CASA

Las manifestaciones del 15 de octubre en Lima volvieron a dejar en evidencia una preocupante realidad: el Perú parece haberse acostumbrado a reprimir en lugar de escuchar. Lo que debía ser una marcha pacífica se transformó en una jornada de violencia, marcada por gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias y enfrentamientos. Cientos de ciudadanos, entre ellos estudiantes, artistas y colectivos de mujeres, se congregaron frente al Palacio de Justicia para expresar su rechazo al gobierno de José Jerí, cuestionado por graves denuncias y por su continuidad con las políticas autoritarias de Dina Boluarte. Sin embargo, su legítimo derecho a protestar fue respondido con la fuerza, confirmando que la libertad de expresión en el Perú atraviesa una crisis profunda.

A dos años de las protestas de 2022 y 2023, los fantasmas de la represión siguen presentes. Los organismos internacionales como WOLA, Amnistía Internacional, CEJIL y FIDH han recordado al mundo que la violencia estatal en aquel periodo dejó 50 muertos y más de 1,400 heridos, muchos de ellos pertenecientes a comunidades indígenas y campesinas. Los informes señalan un patrón de uso excesivo de la fuerza y un sesgo racista en la actuación policial y militar, lo que configura una de las etapas más oscuras de nuestra historia reciente. La falta de justicia para las víctimas y la impunidad de los responsables continúan siendo una herida abierta que el Estado se niega a sanar.

Mientras tanto, las organizaciones sociales y de derechos humanos insisten en que el Estado peruano no ha cumplido ni siquiera con brindar atención médica adecuada a los heridos. Las promesas de reparación se quedaron en el papel, y la Comisión Multisectorial creada para tal fin es, hasta hoy, un símbolo de ineficacia burocrática. El Congreso, lejos de contribuir al fortalecimiento democrático, promueve leyes que restringen el derecho de reunión, asociación y protesta, debilitando aún más el espacio cívico. En este contexto, el mensaje es claro: en el Perú, alzar la voz puede costar la libertad, la salud o incluso la vida.

El país necesita con urgencia un cambio de rumbo. No se puede construir democracia sobre los escombros del miedo ni sobre la negación del derecho a disentir. Las demandas de justicia, transparencia y respeto a los derechos humanos deben ser escuchadas, no silenciadas. La comunidad internacional ha hecho su parte al denunciar y exigir sanciones; ahora le toca al Estado peruano demostrar que aún queda voluntad de reconstruir la confianza perdida. Porque una nación que reprime a su pueblo cuando este habla deja de ser república para convertirse en un eco vacío de lo que alguna vez prometió ser: una patria libre y justa.