ENTRE LA SEGURIDAD Y LA LIBERTAD, EL DILEMA DE UN PAÍS HERIDO

La noche del 16 de octubre volvió a marcar una herida profunda en la historia reciente del país. Tras la muerte de Eduardo Ruiz Sanz durante la Marcha Nacional, el Gobierno anunció la inminente declaratoria del estado de emergencia en Lima Metropolitana. La medida, presentada como una respuesta al incremento de la delincuencia, surge en un contexto de indignación social y desconfianza hacia las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos. Una vez más, el recurso excepcional del estado de emergencia aparece como el atajo político frente a una crisis de orden público y legitimidad.

No es la primera vez que el Ejecutivo recurre a este mecanismo con la promesa de “restablecer el orden”. Sin embargo, la historia reciente demuestra que la militarización de la seguridad ciudadana no ha ofrecido resultados sostenibles ni soluciones estructurales. El premier Ernesto Álvarez habló de medidas “concretas y eficaces”, pero no basta con apelar al lenguaje de la firmeza: la seguridad no se construye suspendiendo derechos, sino garantizando justicia, transparencia y políticas de prevención. Pretender que un toque de queda o la restricción de libertades individuales resolverán los problemas de criminalidad o violencia institucional es insistir en un error que el país ya conoce.

La Constitución es clara al permitir la restricción de derechos solo en situaciones excepcionales, pero también demanda proporcionalidad y racionalidad en su aplicación. No puede justificarse una medida tan drástica cuando el propio Estado es cuestionado por el uso desmedido de la fuerza que cobró la vida de un ciudadano. Declarar la emergencia en medio de una crisis de confianza hacia la Policía Nacional y el Gobierno puede interpretarse como un intento de controlar la protesta más que de proteger a la población. El combate contra la delincuencia no debe confundirse con la represión del descontento social.

El Perú necesita orden, sí, pero también verdad, justicia y respeto por la vida. Si el Ejecutivo desea recuperar la paz, debe empezar por reconocer sus responsabilidades y fortalecer las instituciones que hoy se tambalean. La seguridad no puede ser excusa para el abuso ni la libertad un obstáculo para gobernar. Entre la fuerza y el diálogo, el país espera que el Gobierno elija el camino de la democracia, no el del miedo.