LA EXTORSIÓN SE CONSOLIDA Y LO PAGAMOS LOS CIUDADANOS
El incremento alarmante de las denuncias por extorsión en Lima Metropolitana durante enero de 2025 refleja una realidad insostenible que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos. Con casi 800 denuncias registradas en un solo mes, este delito se ha convertido en un problema estructural que evidencia la creciente debilidad del Estado frente a organizaciones criminales que operan con total impunidad. Distritos como San Juan de Lurigancho y Lima Cercado, con cifras significativamente altas, son un triste ejemplo del abandono de las políticas de prevención y control de la criminalidad.
La incidencia de este delito, distribuida de manera dispar en las diferentes zonas de Lima, demuestra que la inseguridad no discrimina: desde los distritos más populosos como Comas y Chorrillos hasta los más exclusivos como San Isidro y Miraflores, todos son vulnerables. Sin embargo, en zonas tradicionalmente más golpeadas por el crimen, como Lima Norte y Lima Sur, los números revelan que el control territorial de grupos delictivos es una realidad que exige acciones inmediatas y contundentes. No es casualidad que estas mismas zonas sean asociadas con líderes criminales que encuentran en la extorsión un medio lucrativo para operar sin límites.
La movilización de gremios como el de transportistas, cuya actividad se ha visto severamente afectada por el pago de cupos a extorsionadores, subraya el impacto económico y social de esta problemática. Las palabras de Julio Campos, representante del gremio, resumen la angustia de miles de trabajadores que se ven obligados a convivir con esta forma de violencia. El hecho de que pagar por seguridad se haya normalizado como "un impuesto más" es una señal inequívoca de que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad han fracasado en su propósito.
Ante este panorama, el gobierno tiene la responsabilidad de asumir el liderazgo que los ciudadanos exigen. Las demandas de los transportistas, y de la población en general, no pueden seguir cayendo en oídos sordos. Urge la implementación de políticas integrales que combinen inteligencia policial, fortalecimiento institucional y acciones de desarrollo social para combatir las raíces de la delincuencia. El tiempo se agota y, si no se actúa con decisión, la extorsión seguirá consolidándose como un flagelo que amenaza no solo la economía, sino la vida misma de los peruanos.