OCTAVO RETIRO DE AFP APROBADO: ¿ALIVIO ECONÓMICO O CONDENA PARA LA VEJEZ?

El octavo retiro extraordinario aprobado por el Congreso vuelve a abrir un debate de fondo sobre el futuro del Sistema Privado de Pensiones en el Perú. Con un respaldo casi unánime —116 votos a favor y ninguna oposición directa—, el Parlamento ha dado luz verde a que los afiliados dispongan de hasta S/ 21.400 de sus cuentas individuales, en un contexto económico marcado por el alza del costo de vida y la necesidad de liquidez en los hogares. La medida, presentada como un alivio inmediato, responde a la presión social y política, pero deja abiertas interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema previsional.

El retiro, equivalente a cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT), podrá solicitarse en un plazo de 90 días tras la promulgación de la norma y se desembolsará en cuotas mensuales de hasta una UIT. El proceso se asemejará al de anteriores liberaciones, con cronogramas vinculados al DNI y solicitudes virtuales, lo que garantiza cierta agilidad administrativa. Para millones de familias, este dinero será un respiro frente a deudas, gastos médicos, educación o incluso iniciativas de emprendimiento. Sin embargo, más allá de ese alivio, no puede perderse de vista que cada retiro debilita los ahorros para la vejez.

Si bien la aprobación ha sido celebrada como un derecho de los aportantes sobre sus fondos, el impacto macroeconómico y social genera preocupación. El propio Ministerio de Economía y Finanzas ha advertido que la salida de miles de millones de soles del sistema puede afectar la inversión local y el mercado de capitales. Más aún, en un país con alta informalidad laboral y sin una red sólida de protección social, este tipo de medidas pone en riesgo que miles de peruanos lleguen a la jubilación con saldos mínimos o nulos en sus cuentas. La urgencia del presente podría hipotecar la seguridad del futuro.

El dilema, entonces, no radica en negar la necesidad de los ciudadanos de disponer de su propio dinero, sino en reconocer la ausencia de una reforma integral del sistema de pensiones. Cada retiro extraordinario se convierte en un parche que responde a la coyuntura, pero posterga las soluciones estructurales. El Estado y el Congreso tienen la responsabilidad de discutir, con visión de largo plazo, un modelo previsional sostenible, inclusivo y transparente. De lo contrario, los retiros de hoy pueden terminar siendo la condena de una vejez sin pensión mañana.