GOBIERNO VS FISCALÍA

El discurso de la presidenta Dina Boluarte frente al allanamiento a la vivienda de su hermano Nicanor Boluarte marca un grave retroceso en el respeto a la autonomía de las instituciones. Lejos de llamar a la prudencia y a la colaboración con la justicia, la mandataria optó por atacar directamente a la Fiscalía, restando legitimidad a un proceso en curso y ofreciendo un respaldo abierto a su familiar, pese a la magnitud de las acusaciones. Este gesto no solo compromete su imagen, sino que refuerza la percepción de un Ejecutivo más preocupado en blindarse que en garantizar la transparencia.

Las palabras de Boluarte, al calificar la investigación como un “muñeco armado”, evidencian un intento de desacreditar a los fiscales que cumplen con su deber constitucional. La estrategia de cuestionar la ética y el patrimonio de los funcionarios judiciales no hace sino desviar la atención del fondo del asunto: las presuntas vinculaciones de su entorno más cercano con una organización criminal. La presidencia, en lugar de fortalecer la institucionalidad, termina debilitandola con declaraciones que generan mayor desconfianza ciudadana.

Por su parte, el silencio del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, ante las diligencias fiscales en su contra resulta igualmente preocupante. En un contexto donde la independencia de poderes debería ser la garantía de que ningún funcionario está por encima de la ley, la omisión del titular de un sector clave como Justicia debilita aún más la credibilidad del Gobierno. Los ciudadanos esperan respuestas claras, no pretextos ni maniobras distractoras.

La Fiscalía tiene ahora el reto de continuar con sus investigaciones sin ceder a presiones políticas ni mediáticas. Lo que está en juego es más que el destino de un funcionario o un familiar presidencial: se trata de la fortaleza del Estado frente a posibles redes de corrupción que afectan la gobernabilidad y la confianza ciudadana. Ante este escenario, lo mínimo que se requiere del Gobierno es respeto a las instituciones y compromiso real con la transparencia.