EL TERROR DE SANTIVÁÑEZ
La declaración del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en la que comparó a la Policía Nacional del Perú (PNP) con organizaciones criminales, ha generado una comprensible indignación y preocupación en la ciudadanía. En un contexto de creciente inseguridad, estos comentarios desafortunados no solo erosionan la confianza en las instituciones que deben velar por nuestra seguridad, sino que también desvían la atención de la urgente necesidad de medidas concretas y efectivas contra la criminalidad.
La intensificación de los delitos, incluso bajo un estado de emergencia en zonas críticas del país, pone en evidencia la ineficacia de las políticas de seguridad actuales. Pese a las promesas de mayor presencia policial, los ciudadanos denuncian la falta de protección, mientras que los casos de sicariato, extorsión y otros delitos siguen aumentando alarmantemente. Las cifras no mienten: 123 homicidios en apenas tres semanas de 2025 son una señal de un sistema desbordado que requiere una reestructuración profunda y un liderazgo sólido.
Las estadísticas sobre las más de 200 organizaciones criminales activas en Lima reflejan la magnitud del problema. Si bien se han logrado detenciones importantes bajo el Plan de Control Territorial, estas acciones no parecen suficientes para frenar el avance del crimen organizado. La falta de coordinación, los recursos limitados y la desconfianza en las instituciones son obstáculos que impiden resultados sostenibles. Es necesario un enfoque integral que combine la prevención, la inteligencia operativa y el fortalecimiento del sistema judicial.
La propuesta del gobierno de calificar ciertos actos como "terrorismo urbano" plantea nuevas posibilidades, pero también genera cuestionamientos. Aunque podría agilizar los procesos judiciales y endurecer las penas, esta medida no debe ser utilizada como una solución superficial para un problema estructural. Es fundamental que las autoridades prioricen el respeto a los derechos humanos y fortalezcan las capacidades de la PNP y del sistema judicial en su conjunto. Solo mediante una estrategia coherente y transparente será posible recuperar la seguridad y la confianza de la población. Finalmente, recordar que en mayo se cumple un año de su nombramiento como ministro, y está demostrando una improvisación y desconocimiento del tema.