El Perú enfrenta una crisis persistente en materia de seguridad vial, con cifras alarmantes que reflejan una peligrosa normalización del caos en las calles. Solo en 2023 se registraron más de 87 mil accidentes de tránsito, con más de 3 mil muertos y decenas de miles de heridos. Las causas más frecuentes son evitables: imprudencia, velocidad y consumo de alcohol. El reciente accidente en Lima, que costó la vida a tres personas, no es un caso aislado, sino parte de una cadena sistemática de negligencias, corrupción e informalidad en el transporte que pone en riesgo la vida de millones.
Las regiones más afectadas como Lima, Cusco y Piura no solo encabezan los números rojos, sino que enfrentan contextos urbanos colapsados por la falta de planificación y control. La capital del país, con apenas 14 km/h de velocidad promedio en hora punta, lidera los rankings de congestión en América Latina. Esta situación agrava el estrés ciudadano, reduce la productividad y aumenta las probabilidades de siniestros en un sistema donde los vehículos con múltiples papeletas siguen circulando libremente.
Frente a este panorama, las medidas implementadas por el MTC y la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Vial 2023–2030 resultan necesarias pero insuficientes si no se aplican con firmeza. Las campañas de sensibilización, los límites de velocidad y las fotopapeletas son pasos en la dirección correcta, pero requieren respaldo con fiscalización real y sostenida. La impunidad de conductores infractores, la permisividad con vehículos informales y la corrupción en la emisión de licencias minan cualquier avance estructural.
La seguridad vial debe dejar de ser un tema técnico o estadístico y asumirse como una prioridad política y social. La muerte de tres personas en el cruce de Alfonso Ugarte no puede quedar en un parte policial más. Es hora de que todos —autoridades, operadores de transporte, ciudadanos— comprendamos que manejar es un acto de responsabilidad colectiva. Solo con decisión, inversión y conciencia ciudadana se podrá detener esta sangría diaria en nuestras pistas. La vida no puede seguir perdiéndose por negligencia institucional ni por la indiferencia de una sociedad que se ha acostumbrado a convivir con la tragedia.