UN SIETE COLORES ELECTORAL
A puertas del cierre del plazo para inscribir alianzas electorales, los partidos políticos peruanos protagonizan una carrera contra el reloj para asegurar su supervivencia en las Elecciones Generales de 2026. El fraccionamiento extremo del sistema partidario —con más de 30 organizaciones con inscripción vigente— ha encendido las alarmas en diversas tiendas políticas, muchas de las cuales apenas superarían la valla electoral si compitiera en solitario. No se trata solo de estrategia electoral: en muchos casos, estas alianzas son un intento desesperado por no desaparecer del mapa político. La alianza entre el PPC y Unidad y Paz, que lleva a Roberto Chiabra como candidato presidencial, o la que integran Primero la Gente y Ahora Nación, reflejan un patrón repetido: figuras individuales que buscan respaldo partidario y partidos sin rostro que buscan sobrevivir con algún nombre conocido. La anunciada coalición del “Frente de todas las sangres”, por parte de Unidad Popular, promete reunir a partidos de izquierda, mientras que otras agrupaciones, como Nuevo Perú o Fuerza Moderna, aún tantean alianzas en medio de disputas internas o negociaciones poco transparentes. Este panorama plantea una disyuntiva importante para la ciudadanía: ¿estas uniones son fruto de acuerdos programáticos o simples alianzas de último minuto para evitar la extinción? De cara al 2026, urge un debate sobre la necesidad de una reforma política que limite la proliferación de partidos sin representación y exige mayor responsabilidad a quienes aspiran a gobernar. La democracia se fortalece con partidos sólidos, no con alianzas improvisadas que apenas superan la línea de flotación electoral.
La historia electoral del país ya ha demostrado que las alianzas no son una excepción, sino casi una regla: desde 1931, más del 60 % de elecciones presidenciales se han definido entre bloques unidos por conveniencia o afinidad ideológica. Hoy, sin embargo, ese impulso parece más una necesidad que una apuesta automatizada. El aumento de pactos entre partidos, muchos de ellos con escasa representatividad, evidencia que el interés por mantener la inscripción prevalece sobre la construcción de proyectos políticos sólidos y coherentes.