¡EL PAÍS SE DETIENE CONTRA EL CRIMEN!
El
asesinato de Carlos Advíncula Nieto, chofer de la empresa de transporte público
‘El Rápido’, a manos de un supuesto pasajero en Los Olivos, ha vuelto a
encender las alarmas sobre el nivel de violencia e impunidad que enfrentan los
trabajadores del sector transporte en Lima. Este nuevo crimen, ocurrido en
plena vía pública y ante la mirada desconcertante de los vecinos, evidencia no
solo la brutalidad del crimen organizado, sino también el abandono sistemático
de los ciudadanos por parte del Estado.
La Policía Nacional del Perú no descarta la extorsión como móvil del asesinato, lo que conecta este caso con una preocupante tendencia: las mafias han encontrado en los transportistas una presa fácil, extorsionándolos bajo amenaza de muerte. Mientras tanto, los vecinos y usuarios del servicio viven con miedo constante, como lo expresó una madre de familia que, entre lágrimas, cuestionó la falta de seguridad en su ruta habitual. Estas voces no pueden seguir siendo ignoradas: el crimen ya no distingue horarios, distritos ni profesiones.
La indignación ciudadana se ha transformado en organización. Transportistas de todo el país han anunciado paros nacionales entre el 24 y el 28 de julio, coincidiendo con las celebraciones por Fiestas Patrias. La medida, más que una protesta sectorial, representa un grito desesperado de quienes diariamente arriesgan su vida al volante. Los gremios exigen no solo medidas policiales, sino una respuesta integral del Estado frente a un problema que está desbordando las calles y minando la moral colectiva.
La presidenta Dina Boluarte y su ministro del Interior deben dejar de lado la retórica y asumir con urgencia su responsabilidad. Cada asesinato como el de Carlos Advíncula es una prueba del fracaso de las políticas de seguridad. La ciudadanía, cansada de promesas vacías, demanda acciones reales y sostenidas. Si el Estado no reacciona pronto, la violencia seguirá ganando terreno y los peruanos, perdiendo la esperanza.