LAS MUERTES NO PARAN EL 2025
Se han cumplido 22 días del presente año y ese número fue rebasado por el reporte del Sistema de Información de Defunciones (SINADEF) revela un preocupante aumento de homicidios en el Perú durante las primeras semanas de 2025. Con 106 muertes registradas al 20 de enero, esta cifra marca un récord histórico en comparación con periodos similares desde 2017. La violencia, concentrada principalmente en Lima, Callao, La Libertad, Piura e Ica, resalta la fragilidad del sistema de seguridad pública y pone en evidencia la ineficacia de las medidas implementadas por el gobierno de Dina Boluarte y su ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
Ni los profesionales del periodismo, quienes cubren la noticia se salvan del terror criminal que acecha nuestro país, ya que la muerte del periodista Gastón Medina en Ica ha sido uno de los crímenes más impactantes de las últimas semanas. Este asesinato no solo representa un ataque directo contra la vida de un ciudadano, sino también un atentado contra la libertad de expresión. Medina, conocido por sus denuncias contra autoridades locales y grupos delictivos, ya había sido víctima de un atentado previo contra su medio de comunicación. Este crimen se suma a una larga lista de homicidios que incluyen ataques en la vía pública y hechos de sicariato, que han convertido a la violencia en un problema cotidiano y alarmante.
La estadística comparativa publicada por el analista Juan Carbajal muestra una tendencia preocupante: mientras en 2017 se registraron 36 homicidios en el mismo periodo, en 2025 la cifra casi se triplicó. El 40% de estas muertes ocurre en la vía pública, lo que evidencia la falta de control territorial por parte de las autoridades. Las medidas como el envío de Fuerzas Armadas y policías especializados a zonas críticas han resultado insuficientes, mientras los homicidios y atentados siguen aumentando. La reacción del gobierno parece limitarse a respuestas inmediatas, dejando de lado políticas integrales y sostenibles para combatir la criminalidad.
Estamos en una época de terror y urge que el Estado desarrolle estrategias más efectivas, basadas en inteligencia policial, justicia pronta y participación ciudadana. La crisis de seguridad que enfrenta el país no es solo un problema de cifras, sino un reflejo del deterioro de la confianza en las instituciones y de la incapacidad para garantizar derechos fundamentales como la vida y la seguridad. El asesinato de Gastón Medina y los recientes crímenes son un llamado de atención urgente: el gobierno debe actuar con determinación para enfrentar la delincuencia y proteger a la ciudadanía.