¡TAN FÁCIL QUE ES HABLAR!
El Gobierno ha dado un paso necesario al instalar una mesa técnica de trabajo para abordar el histórico problema de la informalidad minera en el país. Durante décadas, esta situación ha generado impactos sociales, laborales y ambientales sin una solución definitiva. El anuncio del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, destaca por su tono conciliador y por la apertura mostrada hacia una amplia participación. La inclusión de diversos actores institucionales y gremiales es un avance en la construcción de consensos, aunque aún queda por demostrar que la voluntad política se traducirá en acciones concretas.
La agenda planteada resulta ambiciosa y, al mismo tiempo, urgente. Regular los Reinfo, defender los derechos del trabajador minero y proponer una norma que beneficie tanto al Estado como a la ciudadanía y los mineros, son objetivos que apuntan a ordenar un sector que ha sido históricamente ignorado o mal manejado. Pero no se debe perder de vista que muchos de estos puntos ya han sido parte de intentos anteriores que fracasaron por falta de continuidad, burocracia o presiones externas. La remediación de los pasivos ambientales, por ejemplo, sigue siendo una deuda pendiente con cientos de comunidades afectadas por la contaminación.
Lo relevante de esta propuesta es su apertura al diálogo, algo poco común en un contexto político convulsionado. El hecho de que las decisiones iniciales hayan sido tomadas por consenso y que se contemple la participación de todos los sectores, incluso del Ministerio Público si así se requiere, brinda un aire de legitimidad. Sin embargo, la transparencia en cada etapa y el cumplimiento del marco legal deben ser pilares innegociables. Cualquier intento de “formalización exprés” sin control puede terminar normalizando la minería ilegal bajo un nuevo disfraz.
En un país donde el modelo económico basado en la explotación intensiva y a gran escala de recursos naturales ha sido una fuente tanto de riqueza como de conflicto, este tipo de espacios de concertación son fundamentales. Pero más allá de las buenas intenciones, lo que se espera es que los acuerdos alcanzados en esta mesa técnica no queden en el papel. La solución al problema minero no pasa solo por reglamentos, sino por una transformación institucional que involucre fiscalización, educación, desarrollo alternativo y compromiso a largo plazo. De lo contrario, el país seguirá atrapado en la retórica del diálogo sin resultados.