El Perú se encuentra ante un doble desafío
histórico: por un lado, el ingreso de una nueva generación de votantes que
podría renovar la política; por otro, una crisis de seguridad que amenaza con
debilitar los cimientos del Estado. Para las elecciones de 2026, más de 2,5
millones de jóvenes votarán por primera vez. Sin embargo, lejos de celebrarse
como una oportunidad de renovación, este proceso se ve ensombrecido por el
desencanto, la apatía y el miedo. La juventud no encuentra motivos para confiar
en un sistema que la ha ignorado, y ahora, en medio de una ola de violencia
criminal, la incertidumbre sólo crece.
La desafección juvenil no es gratuita. Durante años, los partidos políticos han cerrado sus puertas a nuevas voces, mientras la educación cívica ha sido relegada a un segundo plano. El resultado es una generación sin referentes políticos ni espacios reales de participación. Y mientras esa desconexión crece, el crimen organizado avanza. La reciente investigación del New York Times retrata a un país sitiado por extorsiones, asesinatos y amenazas que van desde comerciantes hasta artistas. En este contexto, la política deja de ser vista como una herramienta de cambio y se convierte en un terreno estéril y peligroso.
Frente a esta tormenta perfecta —desilusión política
y violencia sin control— el Estado parece desbordado. Ni las declaraciones
oficiales ni los estados de emergencia han detenido el avance del crimen. El
debilitamiento institucional, acelerado por años de inestabilidad y corrupción,
ha dejado a las comunidades más vulnerables expuestas y sin defensa. El miedo
cotidiano deteriora la confianza en la democracia y empuja a la ciudadanía al
retroceso y a soluciones desesperadas. En este escenario, el voto joven podría
ser decisivo, pero no bastará con movilizarlo: hay que formarlo, escucharlo y
empoderarlo.
Por ello, el Perú necesita más que nunca reconstruir un soporte democrático desde la raíz. Apostar por la juventud no es una consigna simbólica, sino una estrategia de supervivencia. Promover su participación activa, fortalecer su educación política y ofrecerles condiciones de seguridad son tareas urgentes. Si no se actúa ahora, el país corre el riesgo de perder a una generación clave para su futuro. La democracia no solo se defiende con votos, sino con ciudadanos conscientes, libres y protegidos. En ellos, y especialmente en sus jóvenes, debe depositarse la esperanza de un país que aún puede rehacerse.